Estados Unidos intensifica su ofensiva contra el régimen venezolano al cortar los flujos de ingresos ilícitos que sostienen a Nicolás Maduro. Esta estrategia busca generar una crisis interna al asfixiar los negocios del Cartel de los Soles, que enriquecen a militares y aliados civiles del dictador.

El Cartel de los Soles, liderado por Maduro, opera como una red transnacional de narcotráfico. Utiliza puertos y aeropuertos estatales para mover toneladas de cocaína y fentanilo hacia mercados globales, generando ganancias millonarias que mantienen la lealtad de las fuerzas armadas.

Maduro se apoya en este cartel para financiar represión y corrupción. Altos mandos como Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López participan directamente, mientras el régimen ignora el éxodo de siete millones de venezolanos huyendo de la crisis económica y política.

¿El gobierno de Trump se prepara para confrontación militar con Venezuela?

Leer más

Donald Trump lidera esta batalla con una directiva secreta firmada hace meses. Esta orden permite al Pentágono usar fuerza militar contra cárteles clasificados como terroristas, incluyendo operaciones en mar y territorio extranjero.

El secretario de Estado, Marco Rubio, diseña la hoja de ruta para derrocar regímenes autoritarios en la región. Hijo de exiliados cubanos, Rubio apunta no solo a Maduro, sino también a líderes como Miguel Díaz-Canel en Cuba y Daniel Ortega en Nicaragua.

El Departamento del Tesoro designó al Cartel de los Soles como terrorista global especialmente asignado el 25 de julio. Esta medida expone cómo el régimen facilita narcoterrorismo, colaborando con grupos como las FARC, el ELN, el Cartel de Sinaloa y Hezbollah.

El cartel suministra armas a guerrillas y coordina envíos masivos de droga desde Colombia. Sus operaciones incluyen tráfico de petróleo, oro y uranio, utilizando barcos sin bandera y submarinos para evadir controles internacionales.

Estados Unidos elevó a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la captura de Maduro. Esta cifra supera ofertas históricas por terroristas como Osama Bin Laden, reflejando la prioridad de llevar al dictador ante la justicia por narcoterrorismo.

La fiscal general Pam Bondi afirmó que Maduro no escapará a la justicia por sus crímenes. Acusado de conspiración para importar cocaína y posesión de armas destructivas, Maduro enfrenta cargos en tribunales neoyorquinos desde 2020.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó un despliegue naval masivo frente a las costas venezolanas. Tres destructores de misiles guiados –USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson– equipados con más de 90 misiles cada uno, se posicionan en aguas internacionales.

Estos buques realizan combates antiaéreos, antisubmarinos y contra misiles balísticos. Apoyados por aviones de vigilancia P-8 y submarinos, interceptarán embarcaciones sospechosas de transportar drogas.

Además, el Grupo Anfibio Listo Iwo Jima transporta 4,500 marineros y 2,200 infantes de marina. Buques como USS San Antonio, USS Iwo Jima y USS Fort Lauderdale partieron de Norfolk, Virginia, para reforzar la operación.

Maduro respondió movilizando 4.5 millones de milicianos en fábricas y lugares de trabajo. Esta milicia, descrita como “pueblo uniformado”, busca proyectar resistencia, aunque expertos dudan de su capacidad operativa real ante una fuerza superior.

El dictador convocó una jornada de alistamiento este fin de semana en cuarteles y plazas. Padrino López advirtió que cualquier ataque sería una agresión contra toda Latinoamérica, negando acusaciones de narcotráfico.

La estrategia estadounidense asfixia los negocios marítimos ilícitos del régimen. Al paralizar envíos de fentanilo y cocaína que causan miles de muertes anuales en Estados Unidos, se erosiona la lealtad de los militares beneficiados por estos ingresos.

Si los fondos dejan de fluir, podría iniciarse una negociación interna para una transición democrática. Opositores como Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, vencedores en elecciones fraudulentas de 2024, respaldan esta presión.

Más de 50 países no reconocen a Maduro como presidente legítimo. Su aislamiento diplomático crece, con aliados como China e Irán condenando la injerencia, mientras la ONU urge contención para evitar escalada.

Estados Unidos demostró precisión al extraer opositores refugiados en la embajada argentina en Caracas. Si la fase inicial no avanza, podría activarse una segunda con sabotajes contra laboratorios y depósitos del cartel, sin intervención directa del Pentágono.

Expertos cuestionan la efectividad a largo plazo de esta ofensiva militar. Factores como la complejidad regional, riesgos de escalada y limitaciones logísticas podrían complicar el plan, según análisis sobre intervenciones pasadas como la invasión a Panamá en 1989.

Sin embargo, la superioridad naval estadounidense representa una amenaza real para el régimen. Comparado con un “obús en una pelea de navajas”, el despliegue busca no solo interceptar drogas, sino forzar un cambio de régimen.

La apuesta de Trump es golpear continuamente hasta debilitar a Maduro. Sin plazos fijos, se monitoreará la situación hasta fin de año, potencialmente abriendo camino a una Venezuela democrática.

Esta ofensiva refleja un compromiso hemisférico contra el narcoterrorismo. Al cortar raíces financieras del régimen, se protege la seguridad regional y se combate la desestabilización causada por el crimen organizado.