La cifra de fallecidos por los devastadores terremotos en Venezuela del pasado 24 de junio ascendió oficialmente a 3.535 víctimas mortales. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, detalló que el número de heridos subió a 16.740 y que existen más de 17.000 ciudadanos sin hogar. Los sismos gemelos de magnitudes 7,2 y 7,5 destruyeron amplios sectores de Caracas y seis estados del norte del país. Esta tragedia se consolida como el evento sísmico más mortífero registrado en la nación caribeña durante el último siglo de historia.
La región costera de La Guaira se mantiene como la zona cero del desastre debido al colapso masivo de su infraestructura residencial. El boletín oficial del régimen indicó que 190 edificios se derrumbaron por completo y otros 856 presentan graves daños estructurales. Pese a la magnitud del colapso, el número de personas rescatadas con vida se mantiene estancado en 6.462 desde el pasado jueves. El aparato estatal procedió a improvisar 82 campamentos transitorios para albergar a los miles de damnificados atrapados in la indigencia.
La opacidad oficial rodea el número real de víctimas desaparecidas, ya que el boletín gubernamental mantiene congelada la cifra en 157 personas desde el inicio de la crisis. En contraste, la plataforma ciudadana Desaparecidos Terremoto Venezuela reporta que más de 30.000 ciudadanos siguen inlocalizables por sus familiares. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas proyectó que hasta 50.000 personas estarían sepultadas bajo las toneladas de concreto. La enorme disparidad entre los datos oficiales y los organismos internacionales expone la manipulación informativa del Estado.
El despliegue de contingencia activado por el oficialismo movilizó a 29.567 efectivos del Ejército y de los cuerpos de seguridad interna. La administración de Delcy Rodríguez reportó el reparto de 9.603 toneladas de víveres a través de sus redes de distribución social. Sin embargo, la asistencia humanitaria resulta insuficiente ante las denuncias de escasez extrema y desorganización en los centros de acopio. Los voluntarios locales intentan suplir la ineficacia en la gestión de la emergencia civil mediante iniciativas comunitarias independientes.
A doce días de la catástrofe, las brigadas de rescate decretaron el fin de la búsqueda de sobrevivientes debido al tiempo transcurrido. Las operaciones en el terreno se concentran ahora exclusivamente en la recuperación de cadáveres y la remoción de escombros con maquinaria pesada. Ante el colapso de las morgues, las autoridades iniciaron la inhumación en fosas comunes de decenas de víctimas no identificadas. En el cementerio La Esperanza de La Guaira se habilitaron terrenos baldíos para enterrar los restos de forma masiva.
El progresivo retiro de los contingentes de salvamento internacionales aceleró el cierre de la ayuda externa en los puntos de colapso. Solo grupos reducidos de bomberos, defensa civil y vecinos permanecen excavando de forma manual entre las ruinas de los bloques habitacionales. El entorno de las zonas afectadas se encuentra militarizado bajo estrictos controles para evitar protestas por la falta de insumos médicos básicos. Las organizaciones civiles autónomas exigen transparencia total sobre el manejo de las donaciones internacionales recibidas.
La devastación socioeconómica causada por el sismo profundiza de forma crítica el colapso institucional preexistente en el territorio venezolano. La destrucción de hospitales, acueductos y redes eléctricas complica las tareas sanitarias y eleva el riesgo de epidemias en los campamentos de refugiados. Las proyecciones de los analistas advierten que la reconstrucción de la infraestructura del norte del país requerirá de décadas de inversión. La tragedia del 24 de junio sepulta las promesas de estabilidad de la administración central ante una realidad inocultable.
(Con información de Infobae)
