La Fiscalía General de Bolivia anunció este lunes el inicio formal de una investigación penal contra el socialista Evo Morales y Álvaro García Linera. La institución notificó la apertura del proceso mediante un memorial dirigido al Tribunal Supremo de Justicia, que actuará como juez de garantías en el procedimiento para un eventual juicio de responsabilidades en la Asamblea Legislativa.
El proceso judicial deriva de una denuncia presentada por legisladores de Libre, la principal fuerza de oposición en el país. Las actuaciones investigan los presuntos delitos de asesinato, vejaciones, tortura y privación de libertad relacionados con el operativo policial ejecutado el 16 de abril de 2009 en el hotel Las Américas de Santa Cruz de la Sierra, donde murieron Eduardo Rózsa Flores, Michael Dwyer y Arpad Magyarosi.
Durante aquella jornada, Morales admitió públicamente desde Caracas haber ordenado la operación para desarticular a un grupo presuntamente mercenario e irregular. Su administración sostuvo entonces que la agrupación buscaba impulsar un movimiento separatista financiado por élites económicas cruceñas, argumento con el cual se iniciaron procesos judiciales contra diversos líderes cívicos y políticos regionales.
El caso tomó un giro institucional luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyera en 2021 que el Estado boliviano cometió violaciones a los derechos humanos contra las víctimas y los detenidos que denunciaron torturas, remitiendo el caso a la Corte Interamericana. Este pronunciamiento se produjo después de que en 2020 la justicia boliviana hubiera declarado la extinción de la acción penal previa.
En la actualidad, Evo Morales se encuentra en su bastión del Trópico de Cochabamba mientras afronta dos órdenes de aprehensión por las protestas sociales de mayo y junio pasados, además de una investigación por presunta trata de personas. Por su parte, el exvicepresidente Álvaro García Linera permanece alejado de la vida política activa y dedicado a actividades académicas.
La notificación al Tribunal Supremo de Justicia inicia la etapa preliminar para determinar si el caso pasa a la Asamblea Legislativa para la autorización de un juicio de responsabilidades. Hasta el momento de la publicación, ni Morales ni García Linera han emitido declaraciones públicas sobre la decisión de la Fiscalía.
(Con información de Infobae)
