El Poder Judicial de Perú inició este miércoles la evaluación de un requerimiento de la Fiscalía de la Nación para someter a juicio oral al candidato presidencial de izquierda, Roberto Sánchez, quien se encuentra en plena campaña para disputar el balotaje constitucional contra la líder Keiko Fujimori. El proceso penal, centralizado en el Trigésimo Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, expone el presunto desvío sistemático de aproximadamente 280.000 soles —unos USD 58.651 de fondos electorales— hacia las cuentas bancarias personales del investigado.
Ante la gravedad de los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público, las autoridades judiciales demandan una pena efectiva de cinco años y cuatro meses de prisión contra el dirigente del partido Juntos por el Perú, poniendo en jaque su postulación a escasos días de la decisiva jornada electoral del próximo 7 de junio.
Durante el desarrollo de esta primera sesión judicial, celebrada bajo la modalidad telemática, el magistrado Adolfo Farfán precisó que la audiencia preliminar se centró de manera estricta en la resolución de los recursos dilatorios promovidos por el equipo legal del postulante de izquierda. Aunque el juez del caso ratificó que en septiembre del año pasado se desestimó el cargo por fraude en la administración de personas jurídicas, aclaró que las imputaciones más severas por ocultamiento y falseamiento de información de aportes continúan plenamente vigentes en el fuero penal.
La tesis de la Fiscalía General sostiene que Roberto Sánchez actuó en complicidad con su círculo familiar más cercano, incluyendo a su hermano William Ricardo Sánchez, para burlar los mecanismos de fiscalización de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) entre los años 2018 y 2020. De acuerdo con las pericias contables recopiladas en la carpeta fiscal, la cúpula del partido radical omitió reportar de manera deliberada los movimientos económicos reales y las identidades de sus financistas con el propósito de ingresar capitales de dudosa procedencia al flujo de la campaña.
Ante la necesidad de resolver las objeciones presentadas por los abogados de la militancia izquierdista, el juez Farfán programó la continuación de las audiencias para la tarde del próximo 4 de junio, fecha clave donde se debatirá la procedencia del auto de enjuiciamiento definitivo. Esta cita en los tribunales se desarrollará en un escenario de extrema tensión política, dado que acontecerá apenas tres días antes de que los ciudadanos peruanos acudan a las urnas para elegir al nuevo inquilino del Palacio de Gobierno.
La postulación de Roberto Sánchez es percibida por los sectores institucionales como el intento de retorno del proyecto radical que encabezó el expresidente Pedro Castillo, quien actualmente cumple en prisión tras su fallido golpe de Estado en diciembre de 2022. Para la opinión pública y los sectores empresariales del país andino, la apertura de este proceso penal representa una garantía necesaria para impedir que la impunidad y la corrupción financiera se instalen nuevamente en el Poder Ejecutivo.
(Con información de EFE)
