La Unión Europea ha alcanzado un acuerdo político de máxima relevancia para endurecer su política de expulsiones. El Parlamento Europeo y el Consejo de la UE (que agrupa a los Estados miembros) pactaron el pasado lunes los términos definitivos del nuevo reglamento de retornos.
El núcleo de este paquete legislativo radica en que valida legalmente la creación de "centros de retorno" o de deportación ubicados en terceros países fuera del territorio comunitario, abriendo la vía para trasladar de forma obligatoria a aquellos migrantes cuyas solicitudes de estancia o asilo hayan sido rechazadas por las autoridades de los Estados miembros.
La medida, negociada bajo la presidencia rotatoria del Consejo que este semestre ostenta Chipre, representa un triunfo para las tesis que exigen la restitución del orden y la legalidad en los flujos migratorios. El viceministro chipriota para Migración y Protección Internacional, Nicholas Ioannides, defendió la necesidad del acuerdo tras constatar que las tasas actuales de repatriación efectiva (que apenas rondaban el 28%) resultaban insuficientes para garantizar la sostenibilidad del sistema.
La aprobación de esta herramienta legal proveerá a las naciones europeas de los mecanismos necesarios para agilizar drásticamente los plazos de expulsión, asegurando que quienes carezcan del derecho legal para permanecer en suelo europeo sean devueltos a la brevedad.
Activación inmediata de los centros de deportación en el extranjero
Uno de los aspectos más determinantes del pacto alcanzado en Bruselas ha sido la resolución del calendario de implementación de las medidas. Mientras la Eurocámara exigía la aplicación instantánea del reglamento y el Consejo abogaba por un plazo de adaptación técnica de hasta dos años, la solución de compromiso estipuló que el reglamento entrará en vigor un día después de su publicación oficial.
Sin embargo, se ha concedido un plazo de hasta 12 meses para que los Estados ejecuten los ajustes tecnológicos y la formación de personal requerida para las provisiones operativas más complejas. No obstante, la facultad legal para que los países inicien la negociación y apertura de los centros de deportación en el extranjero se activará de forma inmediata.
La normativa otorga una total libertad a los Estados que deseen proteger sus fronteras para concertar acuerdos de traslado con países no comunitarios. Con las nuevas reglas, los migrantes irregulares podrán ser enviados a estos centros externos sin importar que no tengan ningún vínculo o relación previa con la nación de destino seleccionada.
Bloques de países de la UE ya se encuentran liderando iniciativas conjuntas en esta dirección. Alemania y Países Bajos, en colaboración con socios estratégicos como Austria, Dinamarca y Grecia, han activado grupos de trabajo específicos encaminados a evaluar ubicaciones definitivas en Estados de fuera de la UE como Ruanda, Uganda o Uzbekistán.
Ampliación de las detenciones y fin de las trabas burocráticas
La Eurocámara introdujo en las bases del texto severas obligaciones de cooperación para los inmigrantes en situación irregular que hayan recibido una orden de salida. Aquellos que opten por la obstrucción o presenten riesgo de fuga se enfrentarán a la ampliación de los periodos de internamiento preventivo, los cuales podrán prolongarse de forma excepcional hasta por 30 meses.
Adicionalmente, las autoridades nacionales contarán con facultades ampliadas que legítimamente incluyen la confiscación de pertenencias, la recolección exhaustiva de datos biométricos y la realización de registros domiciliarios.
La reforma ha eliminado los lazos familiares o las dolencias médicas menores como causales automáticas para paralizar o aplazar de forma indeterminada un mandato de deportación forzosa. La medida busca desmantelar los resquicios legales que eran aprovechados para dilatar la estancia fraudulenta en territorio europeo, garantizando que el retorno obligatorio se convierta en la consecuencia directa e inmediata tras la denegación de la solicitud de permanencia.
Asimismo, en casos donde el migrante sea considerado un riesgo real para la seguridad nacional, los Estados miembros gozarán de la potestad de imponer prohibiciones de entrada a la Unión Europea de por vida.
(Con información de El País y France 24)
