Los sindicatos de profesores han comenzado a coordinar una respuesta masiva a nivel nacional que contempla la convocatoria de una huelga general en septiembre para denunciar la "parálisis" y el abandono estructural que sufre la educación pública.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha anunciado movilizaciones en todo el territorio para exigir una mejora urgente de las condiciones laborales de los docentes, un plante que se dirige tanto al Ministerio de Educación del Gobierno central como a los ejecutivos de las comunidades autónomas.
El detonante que ha terminado por desbordar la paciencia del colectivo ha sido la reciente agresión policial sufrida por una maestra jubilada durante una manifestación en defensa de la escuela pública en Valencia. No obstante, las organizaciones sindicales insisten en que el malestar responde a una acumulación de problemas estructurales desatendidos durante años.
Entre las principales reclamaciones de los docentes destacan el incremento asfixiante de la carga burocrática, las elevadas ratios de alumnos por aula, la alta temporalidad que arrastran las plantillas y una alarmante falta de recursos para hacer frente a la diversidad en las aulas.
Bajo el lema central "Gobierno y CCAA castigan sin recursos al profesorado", los representantes de los trabajadores denuncian que la ausencia de unos Presupuestos Generales del Estado actualizados ha bloqueado la inversión real en el sistema educativo. Según los datos económicos presentados por el sindicato, el encarecimiento de la vida y el azote de la inflación se han "comido" el gasto público de los últimos quince años, provocando que los maestros hayan perdido un 20% de su poder adquisitivo real.
Esta asfixia financiera coincide con un escenario en el que España mantiene una tasa de interinidad docente superior al 20%, una inestabilidad laboral que convive con los peores resultados históricos del país en el Informe PISA y con una de las tasas de desempleo juvenil más elevadas de la Unión Europea.
Para CSIF, la inacción del Ministerio de Educación, prácticamente paralizado desde el inicio de la presente legislatura, está impidiendo negociar medidas correctoras básicas y mantiene encallados proyectos clave en el Congreso de los Diputados, como la ley destinada a rebajar las ratios de alumnos.
Uno de los puntos más críticos denunciados por el profesorado es la absoluta falta de medios materiales y humanos para gestionar las necesidades de aprendizaje especiales. Isabel Madruga, secretaria de Política Educativa de CSIF, ha recordado que el número de alumnos que requieren apoyo educativo específico se ha triplicado desde el curso 2011-2012, representando ya el 17% del total de los estudiantes matriculados en los centros de enseñanza públicos.
El crecimiento más alarmante se registra en la escolarización de alumnos con Trastorno del Espectro Autista (TEA), una categoría que se ha multiplicado casi por seis en los últimos catorce años, pasando de poco más de 19.000 estudiantes a superar los 107.000 en el curso actual. Los sindicatos advierten que es humanamente imposible ofrecer una educación inclusiva y de calidad cuando se obliga a los docentes a trabajar desprovistos de los especialistas de apoyo y terapeutas necesarios para atender este incremento de la diversidad.
(Con información de El Mundo y 20 Minutos)
