En una entrevista reciente difundida por Voz Media, la líder opositora venezolana María Corina Machado ha alertado sobre el inicio de un reclutamiento forzoso en varios estados del país sudamericano, donde el régimen de Nicolás Maduro obliga a empleados públicos y jóvenes a inscribirse en la Milicia Bolivariana bajo amenazas de perder empleos o beneficios sociales. Machado describe esta medida como un signo revelador de las fracturas internas en las Fuerzas Armadas y el miedo del gobierno a un inminente colapso, en un contexto de tensiones crecientes con Estados Unidos por despliegues militares en el Caribe.

¿Qué implica este reclutamiento para la población? Desde el fin de semana pasado se emitió una orden que obliga a militares, policías, bomberos, maestros y enfermeros a presentarse en plazas Bolívar —presentes en todas las ciudades y pueblos de Venezuela— para alistarse como milicianos y recibir armas y equipos. Un informe detalla que quienes no acuden enfrentan represalias como la pérdida de salarios mínimos equivalentes a un dólar diario o pensiones de tres dólares mensuales, en un país donde la miseria absoluta afecta a millones.

Machado enfatiza que este proceso se extiende ahora a comunidades, donde militares buscan reclutar jóvenes, pero se topan con la resistencia de madres defendiendo a sus hijos. ¿Podría esto generar divisiones en las Fuerzas Armadas? Un artículo indica que tales acciones desesperadas revelan grietas en el régimen, ya que muchos uniformados y civiles, sumidos en la pobreza, cuestionan defender un sistema que los ha sometido mientras sus líderes se protegen.

En zonas mineras del estado Bolívar, al sureste del país, se han documentado reclutamientos forzosos de hombres para integrarlos a la milicia, como parte de una respuesta a amenazas externas. ¿Cuál es el trasfondo de estas medidas? Maduro ha convocado a 4,5 millones de milicianos para defender el territorio ante operaciones antinarcóticos estadounidenses, aunque ciudadanos reportan que el alistamiento masivo no ha sido voluntario, con plazas Bolívar llenas bajo coacción.

Esta situación se enmarca en un panorama de crisis económica y humanitaria en Venezuela, donde el régimen enfrenta presiones internas y externas, incluyendo sanciones y acusaciones de vínculos con narcotráfico. Expertos sugieren que el reclutamiento forzoso podría exacerbar el descontento popular, beneficiando movimientos por el cambio democrático en una nación rica en recursos pero afectada por años de inestabilidad.

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