Un jurado de Nuevo México ordenó este martes a Meta pagar 375 millones de dólares por facilitar la explotación sexual infantil. El veredicto establece que la matriz de Facebook e Instagram engañó a los usuarios sobre su seguridad, imponiendo la sanción máxima de 5.000 dólares por cada infracción cometida.
Este fallo marca un precedente sobre la responsabilidad de las tecnológicas en la seguridad de menores. La sentencia concluye que las medidas en sus redes fueron insuficientes para mitigar riesgos. La fiscalía sostuvo que la operatividad de la plataforma facilitó estas infracciones graves.
El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, calificó el veredicto como una victoria histórica para las familias frente a la gestión corporativa de Silicon Valley. "Los ejecutivos de Meta sabían que sus productos dañaban a los niños, ignoraron las advertencias de sus propios empleados y mintieron al público", declaró Torrez tras conocerse el resultado del juicio.
Durante el proceso se reveló que investigadores internos de Meta advirtieron sobre la existencia de hasta 500.000 casos diarios de explotación infantil en sus aplicaciones. El estado de Nuevo México demostró que estas cifras eran conocidas por la directiva de Mark Zuckerberg, que falló en implementar medidas de vigilancia real frente a criminales sexuales.
Por su parte, Meta anunció que apelará la decisión de inmediato, manifestando su respeto pero profundo desacuerdo con la conclusión alcanzada por el jurado. "Nos esforzamos por mantener la seguridad y somos conscientes de las dificultades para identificar usuarios malintencionados", afirmó un portavoz de la compañía, defendiendo su historial de protección a adolescentes.
Este caso coincide con otros juicios de alto perfil que enfrenta la tecnológica por el diseño de sus algoritmos y el impacto en la salud mental de los jóvenes. Las evidencias presentadas en Nuevo México refuerzan el escrutinio sobre el funcionamiento técnico de estas plataformas y su alcance en las nuevas generaciones. La presión legal se intensifica tras este precedente de responsabilidad civil.
Expertos legales sugieren que este fallo motivará a otros fiscales generales a emprender acciones similares para revisar los protocolos de seguridad de las redes sociales. La decisión judicial establece un mensaje sobre las consecuencias de no atender las alertas de los sistemas de auditoría interna. La vigilancia de contenidos sensibles sigue siendo el punto más crítico en la gestión de Meta.
