La tragedia ha vuelto a golpear a las familias de los detenidos por causas de conciencia con la muerte de José Manuel García Sabino, cuyo cuerpo fue hallado en los calabozos de la Policía Municipal de Anaco. El exconcejal, quien perteneció a las filas del chavismo antes de denunciar graves tramas de corrupción en su localidad, se encontraba bajo custodia del Estado en condiciones que aún no han sido aclaradas por el Ministerio Público.

El caso de García Sabino es especialmente alarmante debido a que su detención fue calificada como "claramente política" por expertos legales, tras sus denuncias contra la gestión municipal. Hasta el momento, el cadáver ha sido trasladado a la morgue de Barcelona para realizar una autopsia cuyos resultados permanecen en el anonimato, una práctica común en el sistema penitenciario venezolano.
Esta muerte se suma al macabro hallazgo del cuerpo de Víctor Hugo Quero Navas, cuyo fallecimiento fue ocultado por las autoridades durante nueve meses. Quero murió en julio de 2025 por una supuesta insuficiencia respiratoria, pero su madre no fue notificada y el Estado llegó al extremo de simular trámites judiciales meses después de que el detenido ya hubiera sido enterrado en una fosa común.

A pesar de la caída del exdictador Nicolás Maduro y la asunción de una presidencia interina, la situación de los 454 presos políticos que restan en el país sigue siendo crítica. La ley de amnistía impulsada recientemente no ha logrado una transparencia real, ya que los registros de las organizaciones no gubernamentales no coinciden con las cifras oficiales y los mandos medios de las cárceles continúan bajo el control de facciones chavistas.
La impunidad que rodea estas muertes bajo custodia estatal evidencia la falta de una reforma profunda en el sistema de justicia venezolano. Organizaciones como el Comité por la Libertad de los Presos Políticos han condenado el trato inhumano y la falta de atención médica oportuna, que han convertido a los recintos policiales en lugares de alto riesgo para la vida.
(Con información de Foro Penal y EFE)