Representantes de Dinamarca, Alemania, Austria, Grecia y Países Bajos acordaron este viernes en la capital danesa la creación de centros de repatriación en terceros países para gestionar la devolución de migrantes irregulares a los que se les ha denegado la estancia legal en suelo europeo. La iniciativa (liderada operacionalmente por la administración danesa) busca acelerar los expedientes de expulsión que sufren estancamientos administrativos por la falta de documentación o la negativa de origen de las naciones de procedencia.
El ministro de Inmigración e Integración de Dinamarca, Morten Bødskov, confirmó tras el cónclave que se espera cerrar un acuerdo formal con un país extracomunitario en torno a Año Nuevo. Según las proyecciones informadas por Bødskov, la infraestructura operativa estará en condiciones de recibir a los primeros extranjeros expulsados hacia finales de 2027. Aunque los nombres de las naciones aliadas permanecen bajo reserva por razones de negociación diplomática, analistas e informes del sector señalan conversaciones avanzadas con Estados africanos como Uganda y Ruanda.
Las carteras de Inmigración de los cinco países recalcaron que el establecimiento de instalaciones en el exterior constituye un paso determinante para disuadir la entrada ilegal a la Unión Europea. El Gobierno danés enfatizó que la medida transmite un mensaje para neutralizar el modelo de negocio de las mafias y redes de tráfico ilícito de personas que lucran con la vulnerabilidad de los migrantes. Bødskov aseguró que no se aceptará que quienes permanecen sin estatus legal saquen provecho de los obstáculos burocráticos para quedarse indefinidamente.
Frente a los señalamientos de organizaciones no gubernamentales, el ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, remarcó que el proyecto se estructurará bajo tres pilares irrenunciables: la seguridad nacional, el estricto cumplimiento del marco europeo de derechos humanos y la articulación de asociaciones igualitarias y de beneficio mutuo con los países receptores. Los ministros reiteraron que las instalaciones no operarán como campamentos de detención, sino como espacios de tránsito para resolver la situación legal de personas con expedientes judiciales agotados.
La propuesta de la alianza de los cinco países se alinea con la reciente aprobación por parte del Parlamento Europeo de la normativa revisada en materia de retornos, la cual faculta legalmente a los Estados miembros para establecer plataformas de devolución fuera del territorio comunitario. El avance de este frente conservador busca consolidarse como la base de un sistema paneuropeo de control migratorio de mayor efectividad.
(Con información de ABC y Agencia ANSA)
