La Comisión Europea mantiene congelados los fondos de asistencia financiera urgente solicitados por España para atender la crisis migratoria en Ceuta debido a la gestión tardía e ineficiente del Gobierno central. La retención de las partidas (cuyo importe oscila entre los 32 y los 100 millones de euros) no responde a una negativa del bloque comunitario, sino a los reiterados errores técnicos, falta de justificación operativa y omisiones en los cuestionarios obligatorios que el Ejecutivo de Pedro Sánchez aún no ha logrado subsanar.
Errores en la tramitación y falta de concreción en las peticiones
El principal obstáculo administrativo radica en que las autoridades españolas enviaron sus requerimientos fuera de plazo y con marcadas deficiencias. Mientras el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones requirió 44,5 millones de euros para dispositivos de acogida y el Ministerio del Interior solicitó 32 millones para el fortalecimiento fronterizo, Bruselas confirmó que ambas carteras incurrieron en inconsistencias. El expediente exige ahora que Madrid rehaga las solicitudes e informe con total transparencia sobre el destino real que dará a las partidas públicas.
El bloqueo institucional pone en evidencia la falta de previsión de las carteras ministeriales. En las primeras semanas de la contingencia, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, desestimó desplegar personal de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) al calificar su labor como "poco práctica". No obstante, tras un evidente cambio de postura, el Ejecutivo terminó solicitando un despliegue extraordinario de urgencia, obligando a la Comisión a exigir aclaraciones sobre cómo prevé aplicar dicho apoyo operativo sobre el terreno.
Bruselas ratifica la responsabilidad exclusiva de España
Ante el pleno en la capital comunitaria, el portavoz de la Comisión Europea, Markus Lammert, recalcó la disponibilidad permanente de las agencias continentales desde el inicio de la crisis, dejando la responsabilidad de la demora del lado de la administración española. Lammert destacó la importancia estratégica de la cooperación bilateral con Marruecos para contener las redes de tráfico de personas, pero aclaró que las investigaciones sobre los episodios registrados en el perímetro fronterizo corresponden de forma exclusiva a las autoridades judiciales de España.
La parálisis en la asignación de recursos inmediatos contrasta con los anuncios del Gobierno central respecto a solicitar el reconocimiento de Ceuta y Melilla como regiones ultraperiféricas dentro del Tratado de Funcionamiento de la UE. Pese a que la inclusión en la unión aduanera o la modificación de tratados exigen complejos procesos de negociación diplomática e integración unánime entre los Veintisiete Estados miembros, el problema prioritario de liquidez para la ciudad autónoma continuará sin solución mientras el Ejecutivo nacional no responda con rigor a los requerimientos normativos fijados por la Comisión.
(Con información de El Mundo, El Cronista y El Pueblo de Ceuta)
