La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha anunciado la preparación de un proyecto de ley destinado a defender la soberanía nacional, lo que incluiría el retiro del país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un organismo regional dependiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que vela por el cumplimiento de los derechos humanos en las Américas. Según un reporte de Infobae, esta medida busca proteger a los peruanos de lo que Boluarte describe como ataques del terrorismo, permitiendo al gobierno actuar con mayor autonomía en temas de seguridad interna.

¿En qué consiste exactamente esta iniciativa? Boluarte ha cuestionado la interferencia de la CIDH en asuntos internos del Perú, argumentando que es momento de priorizar la defensa nacional. El anuncio se produce en un contexto donde el Ejecutivo peruano ha enfrentado críticas por el manejo de protestas y operaciones de seguridad, y donde la CIDH ha emitido resoluciones sobre violaciones a los derechos humanos. Fuentes como EFE indican que el gobierno evaluará rápidamente el retiro, siguiendo pasos similares a intentos previos durante la década de 1990 bajo el mandato de Alberto Fujimori, aunque aquel esfuerzo no prosperó del todo.

Esta decisión no es aislada. El Congreso peruano ha respaldado en los últimos meses una radicalización en el discurso contra la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), proponiendo comisiones para revisar la permanencia en tratados internacionales. El objetivo, de acuerdo a declaraciones recogidas por Swissinfo, es formar un grupo multisectorial que analice los impactos de permanecer en estos acuerdos, priorizando la soberanía sobre obligaciones externas.

¿Podría esto tener repercusiones en la migración? Diferentes medios destacan que, en paralelo al anuncio, se advierte de un posible éxodo de inmigrantes venezolanos hacia países limítrofes como Colombia, Ecuador y Brasil. Perú alberga a una de las mayores poblaciones de venezolanos en la región, con más de un millón de residentes que huyeron de la crisis en su país de origen. De acuerdo a reportes de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), cualquier cambio en políticas de derechos humanos podría generar inseguridad entre estos grupos, impulsando movimientos hacia naciones vecinas con marcos más estables. Fuentes como BBC señalan que América Latina ha absorbido el 85% de los migrantes venezolanos en los últimos años, y un nuevo flujo podría tensionar las fronteras regionales.

El contexto regional muestra que Venezuela continúa enfrentando desafíos económicos y políticos, lo que ha llevado a un desplazamiento masivo desde 2015. Según DW, encuestas recientes indican que un porcentaje significativo de venezolanos considera emigrar, y cambios en países receptores como Perú podrían acelerar este proceso. En Perú, la medida se enmarca en esfuerzos por fortalecer la respuesta a la delincuencia organizada, a menudo asociada con redes transnacionales.

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