Régimen de Ortega-Murillo en Nicaragua asesina a opositor tras desaparición forzada
Fuentes opositoras indican que los detenidos fueron trasladados a celdas clandestinas en el Distrito Tres de Managua, similares a las infames instalaciones de El Chipote, conocidas por condiciones inhumanas como aislamiento, falta de higiene y abusos físicos.

En un nuevo capítulo de la brutal represión orquestada por la dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo, el opositor nicaragüense Mauricio Alonso Petri, de 64 años, fue encontrado muerto tras 38 días de desaparición forzada, confirmando los temores de organizaciones de derechos humanos sobre el uso sistemático de detenciones clandestinas y torturas en el país centroamericano. Según Infobae, las autoridades del régimen notificaron este lunes a la familia para que recogieran su cadáver en el Instituto de Medicina Legal, sin proporcionar detalles creíbles sobre las circunstancias de su fallecimiento, alegando que "se sintió mal" sin evidencia de atención médica.
¿Quién era Mauricio Alonso Petri y cómo ocurrió su captura? Petri, un exmiembro del Movimiento Renovador Sandinista que se había retirado de la política por motivos personales, fue detenido la madrugada del 18 de julio en su hogar en Jinotepe, departamento de Carazo, junto a su esposa y su hijo, Mauricio Alonso Estrada. Este operativo formó parte de una oleada de arrestos masivos en vísperas del aniversario de la revolución sandinista, afectando a decenas de opositores en regiones como Carazo, Masaya, Granada y Rivas. La esposa fue liberada el mismo día, pero Petri y su hijo desaparecieron, con la familia recorriendo cárceles, comisarías y hospitales sin obtener respuestas oficiales.
El régimen mantuvo a Petri incomunicado durante más de un mes, un patrón recurrente de desapariciones forzadas que viola derechos humanos básicos. Según Artículo 66, Petri padecía problemas cardíacos, lo que agrava las sospechas de negligencia o tortura intencional. Fuentes opositoras indican que los detenidos fueron trasladados a celdas clandestinas en el Distrito Tres de Managua, similares a las infames instalaciones de El Chipote, conocidas por condiciones inhumanas como aislamiento, falta de higiene y abusos físicos. El Instituto Segovia, una organización en el exilio, denunció esta muerte como un crimen de lesa humanidad, exigiendo justicia internacional.
¿Cuál ha sido la reacción internacional? De acuerdo a un post en X de la cuenta oficial del Bureau of Western Hemisphere Affairs del Departamento de Estado de EE.UU. (@WHAAsstSecty), el gobierno estadounidense expresó horror ante la "inhumanidad" de la dictadura Murillo-Ortega, destacando que devolvieron el cuerpo sin vida de Petri, un defensor de la libertad religiosa, tras un mes de detención injusta e incomunicada. "Esta tragedia ocurrió bajo la vigilancia de Murillo-Ortega. Estados Unidos no tolerará tal crueldad ni olvidará este crimen", afirmó la entidad, reflejando la creciente condena global contra el régimen sandinista por su persecución implacable.
Horrified by the Murillo-Ortega dictatorship's inhumanity, as authorities returned the lifeless body of Mauricio Alonso, a Nicaraguan defender of religious freedom, to his family today. The dictatorship unjustly detained and held Alonso incommunicado for a month, until his death.…
— Bureau of Western Hemisphere Affairs (@WHAAsstSecty) August 25, 2025
Este caso no es aislado en Nicaragua, donde el sandinismo ha intensificado la represión desde las protestas de 2018, dejando cientos de muertos y miles exiliados. Según un artículo de La Prensa, Petri mantenía lazos con el mayor en retiro Roberto Samcam, asesinado recientemente en Costa Rica en un atentado atribuido a órdenes desde Managua, ilustrando cómo la dictadura extiende su terror más allá de las fronteras. Otras víctimas incluyen al general Hugo Torres, fallecido en El Chipote en 2022 tras meses de aislamiento, y Eddy Montes, abatido por un guardia en 2019. Más recientemente, en 2023, murió José Modesto Solís Aguilar en circunstancias opacas, y hasta el hermano de Ortega, Humberto Ortega Saavedra, pereció bajo custodia sin explicaciones claras.
La familia de Petri, temerosa de represalias, ha evitado declaraciones públicas, especialmente porque el hijo permanece desaparecido. Fuentes opositoras reportan que las autoridades planean un entierro exprés bajo vigilancia policial en Jinotepe, un bastión de resistencia donde el Colegio San José fue un símbolo de lucha en 2018. Organizaciones como el Instituto Segovia llaman a la comunidad internacional a no ignorar estas atrocidades, advirtiendo que las desapariciones forzadas son una política de Estado para silenciar disidencias.
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