Un comité de la Cámara de los Comunes recomendó prohibir el uso de tecnología china en la infraestructura nacional crítica de Reino Unido ante el riesgo de espionaje y sabotaje remoto. La iniciativa parlamentaria exige la sustitución progresiva de los dispositivos y equipos conectados procedentes de fabricantes de alto riesgo, señalando que el régimen de Pekín podría tener la capacidad de desactivar sistemas estratégicos o acceder a información sensible.
Los legisladores enfatizaron que las empresas chinas dominan hasta el 79% del mercado global de módulos celulares para el internet de las cosas, dispositivos integrados en vehículos y terminales de pago. Esta marcada penetración en el mercado británico ha elevado la vulnerabilidad frente a interferencias externas y reforzado una peligrosa dependencia respecto a las cadenas de suministro controladas por la potencia asiática.
Foco en vehículos oficiales y riesgos de intervención remota
La advertencia parlamentaria prioriza la sustitución de la tecnología de transporte utilizada por el Gobierno, el sector de defensa y los servicios de emergencia. El comité reclamó entablar conversaciones urgentes con los operadores de telecomunicaciones para supervisar los flujos de datos que los automóviles conectados transmiten a servidores de fabricantes extranjeros sin la debida fiscalización estatal.
Como precedente de seguridad, los parlamentarios citaron informes técnicos internacionales que demostraron la viabilidad de acceder a distancia a los sistemas de motor y baterías en vehículos comerciales chinos. Para el legislativo, la integración de estos componentes sofisticados en la red nacional deja al país expuesto a vigilancia masiva o interrupciones de servicios esenciales durante una eventual crisis internacional.
Críticas a la política oficial y propuesta de zonas de riesgo
El presidente del comité, Liam Byrne, criticó la falta de una estrategia coherente y acusó al Ejecutivo de actuar con opacidad e improvisación frente a la amenaza china. El parlamentario señaló que las idas y venidas gubernamentales impiden a las corporaciones locales planificar con seguridad, urgiendo al primer ministro Andy Burnham a asumir una posición soberana para salvaguardar la seguridad nacional.
Ante el escenario de incertidumbre, el comité propuso establecer un marco regulatorio que defina una "zona roja" para excluir a China de las capacidades estratégicas y de la infraestructura crítica. En contraste, el Gobierno británico rechazó las conclusiones del informe, sosteniendo que mantendrá un enfoque bilateral basado en cooperar en materia comercial cuando sea viable y confrontar a Pekín cuando la seguridad del Estado lo exija.
(Con información de Reuters)
