El sistema de crédito social de China, implementado desde 2014 para promover la "confiabilidad" en la sociedad, ha sido señalado en reportes recientes como un factor que agrava problemas económicos como el endeudamiento y la falta de vivienda, especialmente tras los impactos de los confinamientos por COVID-19. Este mecanismo, que no es un puntaje único como a menudo se malinterpreta en Occidente, consiste en una red de listas negras y incentivos gestionados por agencias gubernamentales, cortes y empresas privadas, con el objetivo de penalizar incumplimientos legales como deudas no pagadas o evasión fiscal.

¿Qué es el sistema de crédito social y cómo funciona? Se trata de un conjunto de bases de datos que recopilan información sobre comportamientos financieros, sociales y legales de individuos y empresas. Por ejemplo, si alguien incumple un pago ordenado por un tribunal, puede ser agregado a una lista negra nacional administrada por la Corte Suprema Popular, lo que conlleva restricciones como prohibiciones para viajar en trenes de alta velocidad, comprar propiedades o acceder a ciertos servicios. En 2023, alrededor de 8,54 millones de personas estaban en estas listas, un aumento significativo desde el inicio de la pandemia, cuando las cifras rondaban los 5,7 millones. Las penalizaciones no cortan completamente el acceso a banca o billeteras digitales en todos los casos, pero sí limitan transacciones nuevas y pueden congelar activos en situaciones graves.

Los confinamientos estrictos por COVID-19 entre 2020 y 2022 golpearon duramente a las pequeñas y medianas empresas, que representan el 80% del empleo urbano en China, un país con más de 1.400 millones de habitantes y la segunda economía mundial. Más de 460.000 firmas cerraron permanentemente solo en el primer trimestre de 2020, dejando a millones incapaces de pagar préstamos. Esto alimentó las listas negras, ya que los incumplimientos judiciales activan penalizaciones automáticas. Estudios indican que las pymes enfrentaron tasas de quiebra del 16% al 20% en áreas afectadas, exacerbando el desempleo juvenil, que superó el 20% en 2023.

¿Existe un vínculo directo con el aumento de personas sin hogar? Las tasas oficiales de homelessness en China son bajas, estimadas en alrededor de 2,58 millones en 2024, o 1,9 por cada 10.000 habitantes, inferiores a las de muchos países desarrollados. Sin embargo, expertos señalan subreportes, especialmente entre migrantes rurales-urbanos excluidos del sistema de registro hogareño (hukou), que limita el acceso a servicios sociales. Las listas negras pueden indirectamente complicar la búsqueda de empleo, ya que restringen roles en el sector público o empresas estatales, y afectan la credibilidad financiera. No hay evidencia masiva de que empleadores rechacen sistemáticamente por "dificultades en recibir salarios", pero un historial pobre puede perjudicar candidaturas en campos competitivos. Videos y posts en redes sociales, como los de cuentas críticas al gobierno chino, alegan surges en homelessness ligado a blacklisting, pero estos son anécdotas sin datos corroborados.

En 2025, el gobierno chino lanzó un plan de acción para el sistema de crédito social hasta 2025, enfocándose en combatir corrupción y mejorar la transparencia, con encuestas locales mostrando apoyo público del 80% al verlo como herramienta anticorrupción. Críticos internacionales lo ven como una forma de control social, recolectando datos para medir lealtad al estado. La economía china enfrenta retos como la crisis inmobiliaria y un crecimiento del 5% en 2024, pero no hay indicios de un colapso inminente.

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