En un pronunciamiento los gobiernos que integran la coalición regional "Escudo de las Américas" emitieron una declaración conjunta de máxima urgencia en respaldo a la institucionalidad democrática de la República de Colombia. El documento oficial, coordinado y respaldado de manera unánime por las cancillerías de Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago, fija una postura inequívoca frente a las tensiones políticas que amenazan la normalidad institucional en Bogotá.
Los trece estados firmantes manifestaron su "profunda preocupación" ante la oleada de declaraciones y acciones que carecen de sustento fáctico y apuntan a sembrar mantos de duda sobre la integridad de los recientes comicios presidenciales. Para el bloque continental, estas maniobras solo buscan generar incertidumbre y crispación en la opinión pública de cara al relevo de poder programado para el próximo 7 de agosto, fecha en la que está prevista la toma de posesión del mandatario electo, Abelardo de la Espriella.

La alianza internacional enfatizó que en todo sistema democrático y constitucional, la voluntad soberana depositada por la ciudadanía en las urnas y ratificada por los órganos electorales competentes es el único pilar que otorga legitimidad al poder público. Bajo esta premisa, la declaración advierte que desconocer los resultados proclamados oficialmente no solo constituye un grave desprecio al mandato de las mayorías, sino que representa un atentado directo contra los principios fundamentales que sustentan el Estado de Derecho en la región.
"Rechazamos toda acción, declaración o decisión que busque deslegitimar el mandato conferido por los ciudadanos, desacreditar sin fundamento a las autoridades electorales competentes u obstaculizar la transición institucional, conocida en Colombia como el proceso de empalme", reza un fragmento central del comunicado emitido por los países aliados.

El texto de la coalición hace especial hincapié en la parálisis que sufre el traspaso administrativo entre el gobierno saliente y el equipo de De la Espriella, recordando que la transición entre administraciones no es una concesión o una dádiva política sujeta a negociación, sino un deber constitucional estricto. Los gobiernos del "Escudo de las Américas" subrayaron que el correcto desarrollo del empalme es la única garantía con la que cuenta el Estado colombiano para salvaguardar su continuidad operativa, resguardar la estabilidad macroeconómica y cumplir de forma efectiva el mandato popular.
El bloque liderado por Washington y la Casa Rosada formuló un llamado firme y urgente a todas las autoridades de las ramas del poder público en Colombia para que ajusten sus actuaciones al estricto apego de la Constitución Nacional. La declaración concluye exigiendo el respeto a los boletines oficiales de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, instando a deponer las tensiones para asegurar una transición pacífica, ordenada y transparente que se ajuste a los más altos estándares internacionales de convivencia democrática.
(Con información oficial del Departamento de Estado de los Estados Unidos)