Un contundente informe presentado ante el Relator Especial de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación reveló que el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), el todopoderoso brazo financiero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (FAR), es el máximo responsable de la pavorosa crisis alimentaria que asola a la isla. El observatorio Food Monitor Program (FMP) denunció formalmente que este entramado mafioso ejerce un monopolio absoluto sobre las divisas, las importaciones y las cadenas de distribución, instaurando un modelo de "capitalismo administrativo" que beneficia exclusivamente a la cúpula militar castrista.
Mientras el 96% de los cubanos ha perdido su capacidad para adquirir comida, el holding militar centraliza los escasos recursos nacionales —como carnes y mariscos— para exportarlos y capturar dólares, condenando al desabastecimiento a la población civil que los produce.
La nefasta intervención de la tiranía en el campo ha provocado el colapso total de la soberanía alimentaria, obligando a Cuba a importar el 80% de lo que consume mientras la producción agrícola nacional sufrió una estrepitosa caída del 67% en los últimos cinco años. Los agricultores locales operan asfixiados por un marco normativo centralizado que elimina cualquier incentivo para invertir o comerciar libremente, impuesto por una burocracia que fija topes de precios y restringe la compra de insumos básicos.
Un campesino cubano consultado para el informe resumió la indignación colectiva al declarar entre comillas que "no es justo que nosotros, los que vivimos y trabajamos la tierra, no tengamos el control sobre lo que producimos, cómo lo hacemos o a quién le vendemos", confirmando el desprecio oficial hacia la propiedad privada.
Para enmascarar este sometimiento, el régimen de La Habana recurre a la farsa de la "participación controlada" a través de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), un apéndice del Partido Comunista diseñado desde 1961 para neutralizar cualquier atisbo de movilización popular genuina. Las asambleas agrarias oficiales sirven únicamente para legitimar las directrices dictadas por la dictadura, impidiendo que los verdaderos productores tengan voz en las decisiones de precios o el uso de los suelos.
El informe de Food Monitor Program documentó con precisión quirúrgica la criminalización de la disidencia agrícola mediante "castigos ejemplarizantes" que incluyen el hostigamiento, las detenciones y la confiscación violenta de ganado y tierras. Casos emblemáticos como el despojo de sus parcelas al campesino Ibar González por denunciar corrupción, los operativos contra la familia Carballosa Beltrán y el acoso sistemático a la familia Urquiola en su finca evidencian la crueldad de un sistema que penaliza la autosuficiencia.
El desamparo de las víctimas es absoluto debido a un ordenamiento jurídico diseñado a la medida de la dictadura, donde no existe la separación de poderes y los tribunales actúan como simples ejecutores de las represalias ideológicas. Leyes propagandísticas como la Ley de Soberanía Alimentaria son meros cascarones vacíos aprobados sin el consenso de los productores, por lo que ninguna demanda judicial contra los abusos corporativos de GAESA prospera en los tribunales cubanos.
El economista Emilio Morales, presidente de Havana Consulting Group, ratificó la gravedad de esta denuncia al señalar que GAESA se ha apropiado de forma opaca del Banco Financiero Internacional (BFI), la entidad por la que transita el 95% de los negocios extranjeros en la isla. Morales alertó que ninguna institución del Estado tiene la facultad de auditar este banco oculto, consolidando un estado de ingobernabilidad donde la riqueza se concentra en las cuentas de la oligarquía comunista mientras el pueblo padece la hambruna.
(Con información de Infobae)
