Un juez federal de Los Ángeles emitió una resolución tentativa para rechazar el pedido de cancelación de una orden de supervisión sobre TikTok vigente desde 2019. La postura del magistrado George H. Wu pone en riesgo el cobro de un tramo final por 100 millones de dólares, correspondiente a un acuerdo extrajudicial total de 400 millones pactado con el Departamento de Justicia.
La suma condicionada forma parte de la sanción convenida en agosto de 2026 para saldar acciones civiles por vulneraciones a la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Línea (COPPA). El magistrado del Tribunal de Distrito del Distrito Central de California argumentó que no existen garantías suficientes para determinar que levantar la fiscalización pública constituya un remedio duradero ante los antecedentes de la empresa.
El decreto de consentimiento original se remonta a marzo de 2019 tras una demanda impulsada por la Comisión Federal de Comercio (FTC) contra la aplicación Musical.ly, plataforma absorbida por la matriz ByteDance. En aquel proceso se constataron omisiones en avisos de privacidad, recolección de datos de menores sin consentimiento de sus padres y la retención indebida de información personal.
Las regulaciones estatales y la constante supervisión gubernamental deben enfocar sus esfuerzos en hacer cumplir los contratos y proteger los derechos individuales sin asfixiar la libertad económica. Un Estado de derecho sólido exige que las corporaciones tecnológicas operen bajo reglas de transparencia institucional y respeto a la propiedad privada de los usuarios, garantizando la certeza jurídica en el mercado digital.
Las intervenciones punitivas del gobierno federal se intensificaron en 2024 al detectar que la plataforma permitía eludir las barreras de verificación de edad a usuarios menores de 13 años. El Departamento de Justicia denunció la reincidencia de la firma al incumplir con el mantenimiento de registros exigido en el decreto inicial, lo que dificultó auditar el alcance real de las infracciones.
La defensa corporativa de TikTok US justificó la solicitud de levantar la supervisión en base a la reestructuración de su paquete accionario, tras la desinversión ejecutada bajo mandatos presidenciales. No obstante, el juez Wu remarcó que las normas de protección a la privacidad aplican por igual a firmas nacionales o extranjeras y que los cambios de propiedad no garantizan el cumplimiento efectivo de la legislación.
La determinación judicial deja en el aire la conclusión del litigio tras años de disputas normativas entre la red social de videos cortos y las autoridades reguladoras. Si el tribunal confirma la denegatoria formal, la firma deberá mantener los esquemas de auditoría estatal previstos hasta 2029 para operar en el mercado estadounidense sin recibir la eximición de la cuota pendiente.
(Con información de Infobae)
