La exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Bárbara César Siero, denunció que el régimen de Nicolás Maduro detuvo el 15 de diciembre de 2023 a sus hermanos, el comandante Guillermo Enrique César Siero y el mayor Guillermo Henry César Siero, y a su cuñada, la mayor Diana Victoria Justo, como medida de presión para obligarla a ratificar la inhabilitación política contra la líder opositora María Corina Machado.
Los familiares de la exjueza fueron vinculados a la supuesta "Operación Brazalete Blanco", calificada por la denunciante y por el abogado de derechos humanos Joel García como el peor montaje judicial de su carrera. El pasado primero de octubre, un tribunal con competencia en terrorismo condenó a Guillermo Enrique a 12 años de prisión por conspiración, y a sus otros dos familiares a tres años por encubrimiento, mientras que la activista Rocío San Miguel fue declarada inocente tras 700 días detenida y forzada al exilio.
En una carta publicada este 6 de octubre, César Siero afirmó que sus tres familiares fueron usados como rehenes para coaccionarla en su rol dentro de la Sala Político Administrativa del TSJ, instancia competente para decidir sobre los expedientes de inhabilitación tras el acuerdo de Barbados. A pesar de los procesos de diálogo y primarias, dicha sala controlada por el oficialismo mantuvo la sanción que impidió la participación de Machado en las presidenciales de 2024.
La exmagistrada, quien debió separarse de su cargo, aseveró que sus allegados sufrieron detención arbitraria, desaparición forzada, tortura y tratos crueles en un contexto de alta presión política. César Siero explicó que no expuso los hechos anteriormente por temor a represalias contra sus familiares en los centros de reclusión, y concluyó que su situación evidencia la falta de autonomía e independencia en el sistema judicial venezolano.
Las declaraciones de la exjueza exponen los mecanismos de coacción denunciados contra integrantes del máximo tribunal durante la ratificación de las medidas contra dirigentes opositores. La denuncia pública ratifica las irregularidades procesales señaladas por defensores de derechos humanos en el desarrollo de los juicios vinculados a casos políticos en el país.
(Con información de Infobae)
