El empresario canadiense Kevin O’Leary denunció de forma pública la existencia de una sofisticada operación de guerra digital financiada directamente por el régimen comunista de China para intervenir en la política interior de los Estados Unidos. La red criminal, detectada originalmente a principios de mayo tras registrarse un flujo anómalo y masivo de mensajes automatizados en las cuentas personales del inversionista, tenía como objetivo central manipular la opinión pública y boicotear proyectos estratégicos de infraestructura tecnológica y energética.
El equipo técnico de O'Leary descubrió que la ofensiva cibernética utilizaba miles de cuentas falsas y granjas de bots para amplificar de forma coordinada las consignas de organizaciones extremistas de izquierda como el Party for Socialism and Liberation y People’s Dispatch, agrupaciones que ya se encuentran bajo la estricta lupa del Congreso estadounidense por amenazar la estabilidad nacional.
La auditoría forense digital logró rastrear las direcciones IP de los ataques hasta entidades locales como Alliance for a Better Utah, destapando una opaca estructura de financiamiento que conecta de forma directa con la red global de Arabella Advisors. El magnate de la televisión norteamericana confirmó en su canal oficial que el rastreo de los flujos de capital reveló la transferencia de cientos de millones de dólares desde el Partido Comunista Chino (PCC) utilizando fachadas corporativas para evadir los controles financieros en territorio estadounidense.
O'Leary remitió un expediente de 90 páginas a la Casa Blanca y a las agencias federales con pruebas irrefutables extraídas de los documentos fiscales del IRS:
“No es una hipótesis, es un hecho comprobable en los documentos fiscales: la financiación y los montos, con fechas y remitentes exactos”.
El despliegue de esta estrategia de desinformación no se limitó al estado de Utah, sino que se ha replicado con fuerza en diversas regiones de la Unión donde se planifican ampliaciones de la red energética con el fin de frenar el desarrollo industrial frente a la competencia de Beijing. Los agentes infiltrados y activistas locales, vinculados a colectivos como los Socialistas Democráticos de América y el subversivo Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, han promovido protestas y actos de sabotaje civil utilizando el pánico ambiental como herramienta de coacción.
De forma simultánea, el Buró de Seguridad Nacional de Taiwán (NSB) encendió las alarmas en el continente asiático al detectar un masivo ataque de guerra cognitiva impulsado por el mandato de Xi Jinping tras su reciente cumbre provisional con el presidente Donald Trump. El director general del organismo, Tsai Ming-yen, testificó ante el Poder Legislativo que se identificaron casi 100 grupos de cuentas coordinadas que propagaron más de 9.000 mensajes divisivos en las redes sociales para sembrar la desconfianza ciudadana.
La respuesta oficial de las potencias democráticas frente al chantaje cibernético del comunismo asiático fue inmediata. El Departamento de Estado de los Estados Unidos desmintió de forma categórica los rumores infundados de la red al declarar que la política exterior de Washington y las ventas de armas a Taiwán se mantienen inalterables bajo la administración de Trump. A su vez, el presidente taiwanés, William Lai, aprovechó el discurso de su segundo aniversario de mandato para señalar formalmente al Partido Comunista Chino como el principal factor de desestabilización contra la paz y la seguridad regional.
(Con información de Infobae, Reuters y Taipei Times)
