Los familiares de las víctimas del doble terremoto en el estado costero de La Guaira deben costear los trabajos de remoción de escombros por su propia cuenta. La total ineficacia de los entes gubernamentales y la escasez de recursos técnicos obligaron a los civiles a contratar obreros privados para recuperar los cadáveres. El desamparo oficial forzó a los sobrevivientes a coordinar costosas logísticas de asistencia humanitaria desde el exterior del país.
Afectados denunciaron que las grúas de los organismos del Estado provocaron el desmembramiento de cuerpos al fracturar de forma brusca las estructuras dañadas. Por tal motivo, los vecinos se unieron para alquilar maquinaria telescópica especializada por un valor de 11.500 dólares. Los altos costos operativos impulsaron campañas urgentes de donación en la plataforma GoFundMe para adquirir insumos básicos forenses.
Otros ciudadanos debieron trasladarse por tierra desde Colombia hacia la devastada urbanización de Playa Grande tras confirmarse los decesos de sus parientes. Los damnificados denunciaron una red de extorsión de intermediarios que exigía pagos informales en divisas para agilizar el ingreso de los rescatistas. La especulación disparó el precio de venta de excavadoras hasta los 78.000 dólares en los sectores más críticos.
El balance actualizado de la tragedia arrojó una cifra de 4.490 víctimas fatales, 16.740 heridos y 856 edificios dañados estructuralmente. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, admitió que en la región costera existen 1.280.000 toneladas de escombros acumulados. El doble sismo del pasado 24 de junio se posicionó como el cataclismo más mortífero registrado en el país en un siglo.
Ante la inacción gubernamental, agrupaciones civiles y rescatistas internacionales lograron recuperar múltiples cadáveres gracias al préstamo solidario de pequeñas retroexcavadoras extranjeras. Los familiares lamentaron que los operadores cobraran tarifas por hora que oscilaban entre 1.800 y 2.000 dólares en las zonas afectadas. La parálisis estatal obligó a las comunidades a asumir la gestión total de la emergencia.
El colapso de las vías principales, como el puente de Caraballeda, ha retrasado los suministros y los apoyos logísticos en el litoral central. La administración centralizada de Delcy Rodríguez declaró el territorio como zona de desastre, pero los recursos no llegan a los campamentos civiles. Diversas organizaciones de derechos humanos repudiaron que las fuerzas armadas impongan trabas y restricciones a los voluntarios autónomos.
La población civil de La Guaira continúa excavando con herramientas manuales en un escenario de constantes réplicas sísmicas que amenazan nuevos derrumbes. La devastación material dejó a casi 18.000 damnificados durmiendo a la intemperie en refugios improvisados o en la vía pública. Las familias exigen apoyo internacional directo ante el abandono sistemático ejecutado por las instituciones públicas en medio de la crisis.
(Con información de Infobae)
