La cúpula chavista elevó oficialmente a 4.561 los muertos provocados por el trágico doble terremoto que azotó al país el pasado 24 de junio. El vocero de la Asamblea Nacional oficialista, Jorge Rodríguez, fue el encargado de difundir el nuevo reporte que suma 71 fallecidos al registro anterior. Las alarmantes cifras estatales confirman además que la cantidad de personas lesionadas se mantiene congelada en 16.740 víctimas en total.
El impacto de la catástrofe dejó a 17.907 ciudadanos sin vivienda debido al colapso total o parcial de miles de edificaciones residenciales. Según los datos del régimen, unas 20.231 personas permanecen recluidas en 107 refugios temporales habilitados en escuelas de Caracas, Miranda y La Guaira. Esta última entidad costera concentra los mayores niveles de destrucción y colapso de toda la infraestructura.
Ante la crisis, el chavismo inició un censo biométrico intentando calcular las 25.000 viviendas que se necesitan reconstruir de forma urgente en las zonas afectadas. La jefa del régimen, Delcy Rodríguez, prometió entregar apenas 200 soluciones habitacionales esta semana, sin detallar la ubicación ni un cronograma real de adjudicación. La propaganda gubernamental contrasta con la desesperación de más de 128.000 familias afectadas.
La inestabilidad geológica persiste gravemente en la región central del país, registrándose hasta la fecha 1.254 réplicas en total desde el desastre inicial. El pasado viernes se reportó un nuevo temblor de magnitud 3,9 con epicentro al noreste de Naiguatá, en el estado La Guaira. Este último movimiento telúrico forzó evacuaciones preventivas inmediatas y reavivó el pánico colectivo entre los supervivientes.
En Caracas, el municipio Chacao destaca como una de las zonas urbanas más golpeadas, registrando 68 fallecidos en su jurisdicción territorial. El alcalde Gustavo Duque informó que las evaluaciones técnicas de los especialistas detectaron 46 edificios completamente inhabitables bajo alerta roja por riesgo estructural. Otros 157 inmuebles antiguos, edificados antes de las normativas de 1967, recibieron etiqueta amarilla preventiva.
La inacción estatal obligó a brigadas de voluntarios a liderar las desesperadas labores de búsqueda de desaparecidos entre las toneladas de escombros en La Guaira. Historias como la de Miguel Báez, quien busca los cuerpos de su madre, hermano y sobrina en Caraballeda, reflejan el drama de la población civil. Los rescatistas independientes denuncian que deben trabajar arriesgando sus propias vidas ante la inestabilidad de terrenos.
Las operaciones de remoción de sedimentos avanzan con lentitud extrema debido a la falta de insumos y maquinaria pesada suministrada por el Estado. La ayuda internacional y el esfuerzo vecinal intentan suplir las evidentes carencias de un aparato oficial ineficiente ante la magnitud de la tragedia nacional. La población civil sobrelleva la crisis en medio del temor constante a nuevos colapsos estructurales.
(Con información de Infobae)
