Una ofensiva masiva con 2.500 agentes, helicópteros, blindados y drones dejó un saldo sangriento en las favelas de Alemão y Penha, en el norte de la ciudad brasileña. Las autoridades buscan capturar a Edgar Alves de Andrade, alias “Doca”, jefe regional del grupo criminal, en la operación más letal contra el narcotráfico en la historia de Río.
Río de Janeiro vivió este martes una jornada de caos y violencia extrema, con al menos 64 muertos —incluidos cuatro policías— y más de 80 detenidos en una redada contra el Comando Vermelho. La operación, que comenzó antes del amanecer, involucró bloqueos en autopistas, cierres de avenidas y el despliegue de tecnología militar para irrumpir en dos de las favelas más grandes de la ciudad. Las autoridades incautaron 42 fusiles de alto calibre, pero el principal objetivo, “Doca”, sigue prófugo.
El gobernador Cláudio Castro, conocido por su mano dura contra el crimen organizado, lideró la iniciativa. “El gobernador ha sido especialmente implacable en su política contra el Comando Vermelho. Esta fue la operación más letal contra grupos criminales en la historia de Río”, explicó Chris Dalby, director del observatorio World of Crime, a Infobae. Dalby agregó que tres de las cuatro redadas con más víctimas mortales han ocurrido durante el mandato de Castro.
Detalles de la operación
La ofensiva se inició con helicópteros sobrevolando las favelas desde la noche anterior, mientras vehículos blindados derribaban barricadas de neumáticos incendiados. Drones de reconocimiento y ataque guiaron a los 2.500 agentes por las laberínticas callejuelas de Alemão y Penha. Se desplegaron 30 vehículos blindados, dos helicópteros, drones y diez vehículos de demolición para abrir paso en rutas obstruidas.
Edgar Alves de Andrade, alias “Doca” o “Urso”, es el blanco principal. Nacido en Paraíba en 1970, acumula más de 100 causas judiciales por homicidio, tráfico de drogas, tortura y asociación criminal. Las autoridades lo vinculan con la expansión del Comando Vermelho hacia otras favelas y estados, así como con ataques a delegaciones policiales en 2025. Hay una recompensa de 100.000 reales (unos 17.500 dólares) por información que lleve a su captura.
El escenario recordó un conflicto bélico: ráfagas de tiros, granadas lanzadas desde drones insurgentes y autobuses desviados. Más de 200.000 personas se vieron afectadas por la interrupción de servicios públicos: clases suspendidas en 45 centros educativos y 12 líneas de buses alteradas. Comercios cerrados, transporte ausente y un ambiente de tensión paralizaron la vida cotidiana en las favelas.
Críticas y debate sobre derechos humanos
La operación resalta el dilema entre combatir el crimen organizado y respetar los derechos ciudadanos en zonas densamente pobladas. Organizaciones como Human Rights Watch han denunciado que intervenciones similares cruzan límites éticos. En septiembre de 2025, HRW alertó sobre un proyecto de ley en Río que incentivaría económicamente a la policía para disparar en lugar de arrestar, lo que “crea un incentivo financiero para ejecuciones”.
Un informe de HRW de 2009 ya señalaba que muchas muertes en enfrentamientos no eran combates legítimos, sino ejecuciones extrajudiciales con escenas manipuladas. La impunidad y la letalidad policial en Río son problemas estructurales: en 2024, alrededor de 700 personas murieron en intervenciones policiales, casi dos por día.
No es la primera vez: en mayo de 2022, una redada en Vila Cruzeiro dejó al menos 23 muertos y denuncias de civiles atrapados en el fuego cruzado. Dalby enfatizó: “Doca ha sido el arquitecto de la expansión violenta del grupo, pero estas operaciones generan un debate sobre los límites de la fuerza estatal”.
