La pugna judicial por la configuración del censo electoral con vistas a las elecciones del 29 de noviembre ha sumado un nuevo capítulo institucional tras la intervención de Vox ante el Tribunal Constitucional para frenar la maniobra promovida por la Defensoría del Pueblo.
En su escrito de alegaciones, la representación letrada de Vox sostiene que la petición de amparo tramitada por Ángel Gabilondo carece de los requisitos formales y sustantivos requeridos por la ley. La formación señala que el recurso no agota las vías previas, en vista de que el Tribunal Supremo aún no ha concluido el trámite de alegaciones abierto hasta el próximo 22 de octubre para los afectados.
"El recurso del Defensor del Pueblo es totalmente prematuro. Pretende saltarse el itinerario jurisdiccional ordinario cuando el propio Tribunal Supremo mantiene abiertas las vías de alegación para que las partes puedan pronunciarse en tiempo útil", expuso la dirección de Vox.
Garantía de legalidad sobre más de 160.000 inscripciones del CERA
La controversia tiene origen en la decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo de paralizar cautelarmente el derecho al sufragio activo de 163.020 personas inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) mediante las disposiciones relativas a la "Ley de Nietos". El Alto Tribunal apreció la existencia de un riesgo verosímil y grave sobre la objetividad del proceso electoral en caso de mantener la efectividad inmediata de dichas altas censales.
En su escrito al tribunal de garantías, Vox insiste en rechazar las medidas cautelarísimas solicitadas por Gabilondo, advirtiendo de que levantar la suspensión ordenada por el Supremo vulneraría las garantías de transparencia e institucionalidad con las que debe conformarse el censo antes de las votaciones.
"Las medidas adoptadas por el Tribunal Supremo buscan preservar la legalidad, objetividad y transparencia del censo electoral, sin anular la nacionalidad española ni establecer una exclusión definitiva de los electores afectados", recalca el partido en su escrito ante el órgano constitucional.
La decisión final sobre la admisión a trámite y la aplicación de las medidas cautelares queda ahora en manos del pleno del Tribunal Constitucional, mientras el reloj electoral avanza de cara a los comicios del 29 de noviembre.
(Con información de EFE y 20 Minutos)
