La organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) acusó formalmente este miércoles 1 de julio al grupo paramilitar sudanés Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) de cometer crímenes de lesa humanidad y prácticas de limpieza étnica. De acuerdo con el extenso reporte institucional, las atrocidades generalizadas se ejecutaron con especial crueldad durante el asedio y posterior captura de la ciudad de El Fasher, capital del estado de Darfur del Norte, consolidada formalmente por las milicias el pasado 26 de octubre de 2025 tras intensos meses de combates contra el Ejército regular sudanés.
La investigación forense y de campo, que abarcó más de ocho meses de recopilación de datos, expone una lista de abusos corporales que incluyen asesinatos en masa, traslados forzosos de poblaciones enteras, encarcelamientos arbitrarios, torturas físicas, violaciones colectivas, esclavitud sexual y persecución por motivos raciales. La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, durante la presentación del documento afirmó que las pruebas recabadas describen un plan estructurado para dañar, matar y desplazar de forma permanente a la población civil no árabe, advirtiendo además que los actos documentados presentan características de gravedad que podrían ser jurídicamente relevantes para configurar el crimen internacional de genocidio.
El informe de la organización defensora de los derechos humanos se fundamentó técnicamente en la realización de 247 entrevistas directas a supervivientes y testigos presenciales (incluyendo testimonios desgarradores de 39 niños y niñas), así como en la verificación balística de videos compartidos en redes sociales y el análisis de imágenes satelitales de alta resolución. Entre las zonas más afectadas por la violencia resalta la región de Abu Zerega, donde las FAR destruyeron por completo aldeas predominantemente habitadas por la etnia zaghawa, implementando un patrón de tierra arrasada y utilizando términos despectivos y degradantes de servidumbre en contra de los pobladores nativos con el fin de justificar las ejecuciones.
El impacto del brutal asedio y ataques a centros hospitalarios
Las evidencias documentadas detallan que las milicias paramilitares mantuvieron un brutal cerco militar sobre la ciudad de El Fasher desde mayo de 2024 hasta su caída definitiva a finales de 2025. Durante este prolongado periodo, las fuerzas comandadas por los insurgentes restringieron la entrada de cargamentos de alimentos, medicinas y suministros de asistencia humanitaria, al tiempo que sometieron a los cascos urbanos a intensos bombardeos de artillería casi diarios. Esta estrategia de aislamiento provocó una severa hambruna artificial y el posterior colapso sanitario de la región, dejando a miles de familias atrapadas entre el fuego cruzado y la desnutrición extrema.
Los relatos de los supervivientes describen escenas durante la ofensiva final sobre el casco urbano, donde miles de civiles fueron ejecutados sumariamente o torturados en las vías públicas, siendo sus cuerpos arrojados a los arcenes por los combatientes para infundir terror en las comunidades circundantes. Asimismo, la organización identificó un patrón de asalto directo a la infraestructura médica crítica del enclave; decenas de testigos relataron cómo las FAR irrumpieron de forma violenta en el Hospital Materno-Infantil Saudí, asesinando a personal médico y a pacientes desarmados en una clara violación a los convenios internacionales que protegen el derecho a la salud en contextos de guerra.
Amnistía Internacional logró identificar a varios de los mandos de las FAR responsables de coordinar los crímenes más atroces en el terreno de Darfur Septentrional, utilizando como evidencia registros audiovisuales grabados y publicados con impunidad por los propios milicianos. Entre los principales perpetradores señalados destacan el comandante Al Fateh Abdullah Idris, conocido bajo el alias de 'Abu Lulu'; el general de división Gedo Hamdan Ahmed Mohamed, alias 'Abu Shouk'; y el teniente coronel Abbas Khater Bakhit. Los investigadores instaron a las cortes penales internacionales a emitir órdenes de captura inmediatas contra estos oficiales basándose en la cadena de mando operativa que ostentaban durante las masacres.
Complicidad en el mercado de armas y parálisis diplomática
Durante la alocución en Nairobi, Callamard lamentó profundamente el flujo continuo de armamento que ingresa al territorio sudanés procedente de potencias extranjeras como China, Rusia, Turquía y Francia. Adicionalmente, la directiva mencionó los recortes presupuestarios que la comunidad internacional ha aplicado a los fondos de financiación de ayuda humanitaria.
La organización de derechos humanos emitió un pliego de recomendaciones de carácter urgente que incluye la declaración de un alto el fuego inmediato en todas las provincias y el despliegue expedito de una fuerza internacional e independiente encargada de salvaguardar la vida de la población civil expuesta. De igual manera, se solicitó al Consejo de Seguridad de la ONU que extienda las restricciones del embargo de armas a la totalidad del territorio de Sudán, impidiendo que el armamento internacional siga nutriendo un conflicto civil que se encamina a su cuarto año de hostilidades directas.
Desde que estalló la confrontación abierta en abril de 2023 por el control del poder político y los recursos del Estado, Sudán se ha visto sumido en una espiral de devastación interna. Estimaciones oficiales del gobierno de los Estados Unidos sitúan el saldo de víctimas mortales en cerca de 400.000 personas, mientras que los datos más recientes de la ONU confirman que más de 21,2 millones de ciudadanos padecen niveles alarmantes de hambruna severa y otras 14 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares, convirtiendo a la nación africana en el epicentro de la peor crisis de desplazamiento y hambre del mundo contemporáneo.
(Con información de EFE y Amnistía Internacional)
