La Embajada de Bolivia en Moscú presentó una nota oficial ante el gobierno de Vladímir Putin para esclarecer la situación de dos ciudadanos bolivianos que habrían muerto en el frente de batalla. Las autoridades de la Cancillería boliviana reaccionaron con presteza luego de recibir denuncias formales por parte de los familiares de las víctimas. La administración gubernamental activó de inmediato los protocolos de asistencia y protección consular correspondientes.
El viceministro de Gestión Consular, Héctor Huanca, reveló que las investigaciones preliminares apuntan a la existencia de al menos 16 ciudadanos bolivianos involucrados en estas redes. Los afectados habrían sido captados por intermediarios inescrupulosos que utilizan sustanciosas ofertas económicas y falsas promesas laborales para trasladar civiles a la zona del conflicto bélico. La Fiscalía boliviana ya inició las pesquisas para desarticular estas estructuras.

Las víctimas fatales fueron identificadas como José María Soleto, de 29 años, e Iván Valdivia, de 28, quienes fueron reclutados en abril para sumarse a la invasión contra Ucrania. Los jóvenes, que trabajaban de forma eventual como albañil y plomero en la ciudad de Santa Cruz, perdieron todo contacto con sus hogares a principios de junio. Pocos días después, sus parejas recibieron una notificación escueta sobre sus fallecimientos en combate.
Los familiares relataron que los jóvenes viajaron engañados bajo la firme promesa de percibir ingresos de 28.000 dólares por supuestos trabajos de reconstrucción civil. Sin embargo, al arribar a territorio euroasiático, fueron sometidos a un estricto entrenamiento militar de un mes y enviados de forma obligatoria a la primera línea de fuego. Los deudos exigen el apoyo del Estado para agilizar la repatriación.
Por su parte, la Embajada de Rusia en La Paz emitió un comunicado oficial donde descartó cualquier vínculo institucional con el reclutamiento de combatientes extranjeros. La legación diplomática del Kremlin aseguró que no dispone de información sobre estas redes de captación y se declaró incapaz de facilitar asistencia técnica sobre el caso. La sede rusa catalogó estas ofertas como estafas de alta peligrosidad.
Esta controvertida modalidad de reclutamiento forzoso u oculto ya ha encendido las alarmas en varios países de la región de Sudamérica durante el último año. Previamente, las autoridades del Perú denunciaron que más de ciento treinta ciudadanos de esa nacionalidad fueron conducidos al conflicto bajo engaños financieros. Analistas internacionales advierten que Moscú recurre a estos métodos opacos ante la escasez de efectivos.
El avance de las investigaciones penales en Bolivia buscará identificar los nexos locales que facilitan el traslado de civiles hacia el área de operaciones militares de Rusia. Los ministerios correspondientes intensificarán las campañas de prevención para alertar a la población vulnerable sobre estas peligrosas convocatorias de empleo internacionales. El trágico destino de los jóvenes cruceños evidencia el alto costo de la agresión en Europa.
(Con información de Infobae)