La Policía Nacional de España, en colaboración con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, logró desmantelar una red criminal de origen chino dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. El macrooperativo, que se extendió por seis provincias del territorio español, concluyó con la detención de 16 integrantes de la organización y la liberación de 26 mujeres que eran sometidas a condiciones extremas de vulnerabilidad y servidumbre.
Las pesquisas del caso, englobadas dentro del Plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos, comenzaron tras la detección en Zaragoza de un apartamento clandestino donde mujeres de nacionalidad china ejercían la prostitución de manera forzada. A partir de este hilo conductor, los agentes del orden desenterraron una compleja estructura con ramificaciones en los principales núcleos urbanos del país. Las detenciones se materializaron de forma simultánea en las provincias de Madrid (4), Valencia (4), Zaragoza (3), Barcelona (2), Tarragona (2) y en la localidad de Figueres, en Girona (1), enviando a prisión provisional a la principal cabecilla y administradora del entramado.
El modus operandi de la red criminal se basaba en la captación de mujeres en situación de necesidad económica o irregularidad administrativa, tanto en China como en diversos países de Latinoamérica. Los tratantes utilizaban redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea para ofrecer atractivos y falsos puestos de trabajo en España como masajistas o estilistas. Sin embargo, una vez que las víctimas ingresaban al país mediante el uso de pasaportes falsificados proporcionados por la propia organización, eran recluidas en pisos de citas y despojadas de sus libertades bajo la imposición de una deuda financiera ficticia por los costes del viaje.
"Las víctimas permanecían bajo un régimen de esclavitud en el que debían estar disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana, realizar servicios sin preservativo y sin posibilidad de rechazar a ningún cliente, controlando su actividad en todo momento", detalló la Policía Nacional.
Para asegurar un control absoluto y evitar la intervención de las autoridades, los explotadores instalaron sistemas de videovigilancia en los once prostíbulos clausurados en Madrid, Valencia, Tarragona, Barcelona y Zaragoza. Además, la red dotaba a las mujeres de tarjetas de residencia y trabajo legítimas pertenecientes a personas en situación regular, obligándolas a suplantar identidades ante cualquier eventual inspección policial.
Con el objetivo de maximizar sus ingresos y desestabilizar emocionalmente a las víctimas, la organización implementó un sistema de rotación constante entre los locales y apartamentos, creando centros clandestinos desde cero para luego traspasarlos a terceros por elevadas sumas de dinero una vez consolidada la cartera de clientes. Los registros domiciliarios coordinados con el apoyo de la ONG Our Rescue permitieron la incautación de 35.000 euros en efectivo, armas prohibidas (entre ellas varias espadas tipo katana), sustancias estupefacientes, potenciadores sexuales y 24 teléfonos móviles utilizados para la gestión de las citas.
De forma paralela, la Unidad de Delitos Económicos identificó un circuito de dispersión de fondos diseñado para blanquear los beneficios ilícitos en la economía legal. Por orden judicial, se decretó el embargo preventivo de cinco inmuebles valorados en más de medio millón de euros, dos vehículos de gama alta y la intervención inmediata de ocho cuentas bancarias vinculadas a los líderes de la red.
(Con información de El Mundo y La Gaceta de la Iberosfera)
