El proyecto para erigir una macro-mezquita con minarete, comedor social y centro médico en pleno Polígono Sur de Sevilla ha quedado completamente paralizado gracias a la ofensiva jurídica liderada por VOX. La presión ejercida por la formación conservadora obligó al Gobierno municipal a retirar el permiso de obras del orden del día de la Comisión Ejecutiva de Urbanismo de este viernes, donde se pretendía dar vía libre a su construcción.
La intervención de VOX se materializó a través de un recurso formal de revisión que desmonta la estrategia de la Fundación Mezquita de Sevilla, impulsora de una obra presupuestada en más de 10 millones de euros. Según la formación liderada localmente por Gonzalo García de Polavieja, los promotores intentaron camuflar el complejo bajo la etiqueta genérica de "centro cultural asistencial" para esquivar las restricciones urbanísticas de la avenida Victoria Domínguez Cerrato.
VOX ha alertado de que el "uso principal" del edificio es el de un lugar de culto islámico, una catalogación legal que altera los límites de edificabilidad permitidos y que, por tanto, vuelve el diseño actual de la mezquita totalmente incompatible con la normativa legal de Sevilla.
Ante la solidez de las objeciones presentadas por VOX, la Gerencia de Urbanismo se vio forzada a congelar el expediente de manera indefinida. El portavoz del Gobierno local, Juan Bueno, confirmó que se ha encargado un informe técnico y jurídico de urgencia para auditar minuciosamente el caso, reconociendo implícitamente que el Ayuntamiento no puede ignorar las irregularidades señaladas.
Por su parte, la Fundación Mezquita de Sevilla reaccionó con visible malestar ante el bloqueo de sus planes y su portavoz, Jalid Nieto, amenazó con llevar al Ayuntamiento ante los tribunales ordinarios si la licencia de obras es denegada de forma definitiva. Desde el entorno islámico se defiende que el proyecto ya había sido visado por los técnicos municipales y que no existen resquicios legales para su rechazo; sin embargo, la revisión jurídica por VOX abre ahora un escenario de fiscalización estricta donde cada plano, partida presupuestaria y volumen de construcción será examinado bajo la lupa de la legalidad vigente.
(Con información de El Periódico de España y La Gaceta de la Iberosfera)
