El régimen chavista y la oposición venezolana acordaron el inicio de un proceso de reinstitucionalización democrática a partir del próximo 1 de agosto. La decisión contempla el establecimiento de una agenda compartida entre la Asamblea Nacional de 2015 y el órgano actual de 2026. Según los voceros, la iniciativa busca poner fin a la severa crisis de gobernabilidad que mantiene fracturados a los poderes públicos.
🇻🇪🇺🇸‼️ | El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, respaldó y compartió públicamente el comunicado de la Asamblea Nacional de 2015, donde se anuncia el inicio de una agenda de trabajo conjunta a partir del próximo 1 de agosto. Rubio, quien lidera la operación de… pic.twitter.com/NqB4ZWKLh8
— UHN Plus (@UHN_Plus) July 14, 2026
El anuncio fue formalizado por el operador político de la dictadura, Jorge Rodríguez, mediante un comunicado en redes sociales. El funcionario alegó que la grave emergencia provocada por el doble sismo obliga a buscar la unificación nacional. Rodríguez destacó que el apoyo internacional recibido tras la catástrofe evidencia que sólo la reconciliación permitirá avanzar con éxito en los planes de reconstrucción.
El sorpresivo pacto representa el primer reconocimiento recíproco de legitimidad entre dos bloques que coexistieron enfrentados durante años. El conflicto original se desató en las elecciones legislativas de 2015, cuando la resistencia democrática obtuvo una aplastante mayoría calificada en las urnas. Aquel hito electoral arrebató al chavismo el control absoluto del parlamento tras dieciséis años consecutivos de hegemonía.
Incapaz de aceptar la derrota, la tiranía recurrió al Tribunal Supremo de Justicia para declarar al parlamento en un ilegal estado de desacato judicial. A través de las sentencias violatorias 155 y 156, los magistrados arrodillados al oficialismo despojaron de sus facultades constitucionales a los diputados electos. Posteriormente, el régimen impuso una fraudulenta Asamblea Constituyente para anular la representación soberana de las mayorías.
La disputa escaló internacionalmente en 2019 con la proclamación de una presidencia encargada de la República respaldada por Occidente. Mientras la dictadura ejercía el control fáctico de los militares, los legisladores de 2015 eran reconocidos por Washington como la única autoridad legítima. El actual acuerdo del 1 de agosto representa un giro radical frente al histórico y prolongado aislamiento institucional.
La agenda conjunta con los antiguos diputados pretende sentar las bases operativas para un retorno progresivo a la normalidad democrática del país. Diversos analistas consideran que la presión social derivada de la deficiente gestión sísmica aceleró los incentivos para este diálogo forzado. Las delegaciones internacionales esperan que el proceso derive en el restablecimiento del voto libre y de las plenas garantías civiles.
Aunque no se publicaron los detalles específicos del cronograma, las partes mantendrán reuniones técnicas previas al inicio formal de agosto. La comunidad internacional vigilará de cerca el cumplimiento de este pacto para evitar nuevas maniobras de distracción por parte de la cúpula de Miraflores. Los ciudadanos exigen que el diálogo no postergue la atención a damnificados por los terremotos en todo el territorio nacional.
(Con información de Infobae)
