La cifra total de víctimas fatales por el doble terremoto del pasado 24 de junio se elevó trágicamente a 4.734 en el territorio nacional. El vocero del chavismo, Jorge Rodríguez, oficializó a través de Telegram el hallazgo de otros 173 cuerpos sin vida bajo las estructuras colapsadas. La grave crisis humanitaria y de infraestructura mantiene a 17.907 ciudadanos sin vivienda en condiciones sumamente precarias.
El estado costero de La Guaira y la capital venezolana concentran el epicentro del desastre provocado por los sismos de 7,2 y 7,5. El impacto demolió las estructuras inestables de más de 190 edificaciones de la polémica Gran Misión Vivienda Venezuela. A pesar del caos generalizado, la cúpula madurista insiste en ocultar las estadísticas oficiales sobre el número total de desaparecidos.
Las agencias internacionales de la ONU calculan que el número de personas atrapadas podría ascender a 50.000, una cifra récord en la región. Actualmente, las víctimas se refugian de forma improvisada en 107 campamentos transitorios colmados en los estados del norte. Los voluntarios de organizaciones civiles y rescatistas continúan liderando las labores de remoción manual debido a la ineficiencia oficial.
Desde el evento principal se han contabilizado un total alarmante de 1.275 réplicas sísmicas secundarias que aterrorizan a la población. Un último temblor de magnitud 3,9 con epicentro en la población costera de Naiguatá encendió las alarmas. El pánico colectivo obligó a nuevas evacuaciones en áreas previamente debilitadas por la primera sacudida geológica.
La dictadura venezolana implementó a destiempo un censo biométrico para cuantificar el déficit habitacional de urgencia. La ministra Delcy Rodríguez prometió demagógicamente la entrega de apenas 200 soluciones habitacionales básicas durante el transcurso de la presente semana. Los especialistas critican duramente estas promesas ante la necesidad urgente de 25.000 unidades de emergencia.
En el ámbito político, un ala de la oposición encabezada por Dinorah Figuera firmó un acuerdo político con la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela. La hoja de ruta plantea reformas electorales y supuestas acciones de mitigación conjuntas a partir del próximo 1 de agosto. Los sectores más duros de la disidencia rechazan este pacto por considerarlo una maniobra para oxigenar a la tiranía.
(Con información de Infobae)
