El juez federal Darrin P. Gayles, de la corte de Miami, dictaminó este martes que tres ciudadanos estadounidenses retenidos ilegalmente en Venezuela deberán recibir una indemnización combinada de 314 millones de dólares por daños y perjuicios. El magistrado concluyó que las víctimas fueron objeto de una estrategia deliberada de secuestro y tortura ejecutada por una "empresa criminal" de gran alcance. Esta estructura delictiva estuvo encabezada por el ex dictador Nicolás Maduro con la finalidad de sostener su régimen y obtener beneficios económicos.
Las víctimas del prolongado cautiverio en los calabozos de la inteligencia militar venezolana son los ciudadanos estadounidenses Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar Marval. Según el expediente de la demanda civil, los tres profesionales ingresaron a territorio venezolano de forma independiente y sin sospechar que serían falsamente acusados de espionaje para ser transformados en fichas de negociación geopolítica. Su liberación definitiva se concretó a finales de 2023 en el marco de un canje de prisioneros negociado en secreto por la administración de Joe Biden a cambio de Alex Saab, el testaferro del chavismo.
La resolución del magistrado Gayles se produjo mediante un juicio por rebeldía (default judgment) debido a que Nicolás Maduro, Alex Saab, otros cinco funcionarios de su entorno y los líderes del llamado "Cártel de los Soles" se negaron a comparecer o responder a las acusaciones ante el tribunal estadounidense. En su dictamen de 19 páginas, el juez dejó constancia de que los secuestros y abusos formaron parte de una conspiración criminal más amplia orientada a generar millonarios dividendos ilícitos para la cúpula gobernante en Caracas.
La demanda inicial de los ciudadanos norteamericanos incluía originalmente a la actual presidenta en funciones de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien señalaron como coresponsable de las agresiones físicas y psicológicas padecidas en los centros de reclusión, las cuales incluyeron golpizas y descargas eléctricas. Sin embargo, Rodríguez fue excluida provisionalmente de esta condena económica debido a que sus abogados defensores presentaron formalmente en abril una solicitud de desestimación. La defensa argumenta que goza de inmunidad total frente a acciones civiles en el extranjero por su condición jurídica de jefa de Estado en ejercicio.
Este veredicto representa la mayor compensación económica otorgada hasta la fecha en la oleada de litigios emprendidos por exrehenes estadounidenses en territorio venezolano. Los demandantes basaron su estrategia legal en la Ley Antiterrorista de Estados Unidos (Anti-Terrorism Act), una herramienta federal poco utilizada que faculta expresamente a los ciudadanos que han sido víctimas de agrupaciones terroristas internacionales a reclamar reparaciones y embargar activos financieros vinculados a sus agresores dentro de la jurisdicción estadounidense.
El impacto del fallo civil coincide con un escenario judicial complejo para las figuras implicadas, dado que Alex Saab regresó recientemente a la custodia de las autoridades estadounidenses tras ser entregado por Rodríguez en mayo para enfrentar nuevos cargos penales. Si bien los abogados de los demandados evitaron emitir comentarios públicos inmediatos tras conocerse el veredicto en Miami, los expertos legales señalan que este dictamen sienta un precedente decisivo para el congelamiento definitivo de bienes chavistas en el exterior.
(Con información de Associated Press y The Washington Post)
