Un tribunal de la República Dominicana dictó una condena de 20 años de prisión contra tres altos mandos militares. Los oficiales fueron hallados culpables de liderar un entramado de corrupción que defraudó al Estado dominicano con más de 4.500 millones de pesos (aproximadamente 75 millones de dólares). La sentencia, emitida durante la madrugada de este martes fue catalogada de “histórica” y “ejemplar” por las máximas autoridades del Ministerio Público del país caribeño.
Los dictámenes más severos recayeron sobre el mayor general Adán Cáceres Silvestre, el general Juan Carlos Torres Robiou y el coronel Rafael Núñez de Aza, quienes deberán cumplir la pena máxima de 20 años de cárcel. Por su parte, el general Julio Camilo De los Santos Viola fue sentenciado a 15 años de reclusión por su participación en la red.
Tanto Cáceres Silvestre como Torres Robiou ostentaron un enorme poder político y militar durante la administración del expresidente Danilo Medina (2012-2020), desempeñándose el primero como el influyente jefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep) y el segundo como director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).

Las minuciosas investigaciones penales presentadas por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) demostraron que, entre los años 2012 y 2020, los acusados utilizaron las instituciones bajo su mando para desviar fondos públicos a gran escala. El modus operandi consistía en la inclusión de cientos de personas en las nóminas oficiales del Cusep y del Cestur que cobraban sueldos mensuales del Estado sin prestar ningún tipo de servicio institucional.
Posteriormente, el dinero en efectivo era recolectado y transferido directamente a las cuentas personales y patrimonios de los altos mandos, contando con la complicidad del coronel Núñez de Aza como encargado financiero y del general De los Santos Viola como subdirector del cuerpo de seguridad presidencial.
La resolución judicial definitiva se produjo tras una jornada de casi 12 horas continuas de lectura del fallo por parte de los magistrados del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, en el Palacio de Justicia de Santo Domingo. Además de las condenas contra las cabecillas militares, el dictamen judicial abarcó a un total de 29 implicados (entre oficiales subalternos, asimilados y civiles), quienes recibieron penas de entre 3 y 20 años de prisión.
El tribunal también ordenó el pago de multas de restitución financiera y decretó la disolución legal de múltiples empresas que sirvieron como fachadas comerciales para el lavado de los activos sustraídos. Este entramado de corrupción militar y corporativa había comenzado a derrumbarse a principios del año 2021, cuando el Ministerio Público desplegó de forma simultánea las denominadas Operación Coral y Operación Coral 5G.
(Con información de EFE y La Verdad)