Un reportaje publicado por el diario estadounidense The Wall Street Journal, puso bajo la lupa internacional cómo la violencia ligada al narcotráfico ha provocado un auténtico choque institucional en Costa Rica, donde la estrategia de mano dura del Poder Ejecutivo contrasta directamente con la cuestionada lenidad del sistema de justicia.
El reporte revela que los homicidios en la nación centroamericana se incrementaron un 50% desde 2020, impulsados por disputas territoriales asociadas al pago con estupefacientes que organizaciones de México, Colombia y Europa realizan a sus enlaces locales. El fiscal general adjunto, Mauricio Boraschi, detalló al diario estadounidense que este mecanismo de cobro en cocaína altera severamente el mercado interno.
“Muchas de las víctimas están vinculadas con estos grupos criminales, pero el número de víctimas colaterales también ha crecido exponencialmente”, advirtió el funcionario.
La estrategia del Gobierno de Laura Fernández frente al freno judicial
A pesar de la magnitud de la amenaza, el Gobierno liderado por la presidente Laura Fernández ha respondido con firmeza y resultados tangibles. Bajo su gestión, la incorporación de 100 nuevos agentes a la policía antidrogas y el despliegue coordinado de la Fuerza Pública, la Policía Turística y la Policía de Fronteras lograron una reducción de 62 homicidios entre enero y agosto de 2026 respecto al mismo período anterior. No obstante, la mandataria ha señalado el cuello de botella que frena el avance policial: la pronta liberación de delincuentes por parte de los tribunales.
“¿Por qué esto se ha convertido en un círculo vicioso, donde la policía arresta personas y el Poder Judicial las libera?”, cuestionó Fernández, exigiendo que la judicatura asuma su responsabilidad.
La provincia de Limón, punto estratégico de exportación en el Caribe y escenario del desmantelamiento de redes que enviaban droga en contenedores de yuca congelada, registra la situación más crítica con una tasa de homicidios que duplica el promedio nacional. En este cantón de 70.000 habitantes, el jefe de la policía municipal, Jeison Arce, reconoció ante The Wall Street Journal la desproporción de la batalla al contar con apenas tres vehículos patrulla frente al poderío económico de las bandas.
La tragedia tocó a la fuerza pública con el asesinato del agente Gerson Rosales, de 28 años, abatido en servicio; evento ante el cual el gobierno de Fernández reaccionó de inmediato promoviendo iniciativas legislativas para endurecer las penas contra el crimen organizado.
Ajustes presupuestarios e impulso a reformas de fondo
En respuesta al choque institucional catalogado por la prensa extranjera como una "guerra civil política", el Ejecutivo impulsó una reorganización fiscal prioritaria. El Ministerio de Hacienda anunció ajustes presupuestarios al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Corte Suprema para optimizar los recursos del Estado.
Aunque el fiscal general Carlo Díaz criticó las medidas argumentando que “definitivamente benefician al crimen organizado”, desde el Gobierno se sostiene que es urgente corregir las ineficiencias del sistema. Estas decisiones complementan la línea de mano dura heredada de la gestión de Rodrigo Chaves, que incluyó la reforma para permitir la extradición de nacionales y la construcción de una prisión de máxima seguridad basada en el modelo salvadoreño.
La política de tolerancia cero aplicada bajo la conducción de Laura Fernández ha generado resultados contundentes en la cooperación internacional contra la impunidad. En lo que va de año, el país concretó la extradición a Estados Unidos de un exmagistrado de la Corte Suprema y exministro de Seguridad vinculado al narcotráfico. Además, en agosto se entregó a la justicia federal de Nueva York a dos relevantes operadores de la droga, Gilbert Bell Fernández ("Macho Coca") y Gabriel Lozano ("Compadre").
(Con información de The Wall Street Journal, Infobae, Diario La República)
