Laura Fernández, ordenó al Ministerio de Justicia la eliminación inmediata de todos los tomacorrientes e instalaciones eléctricas ubicadas dentro de las celdas de las prisiones del país. La instrucción gubernamental se anunció tras confirmarse el exitoso decomiso de 352 pantallas de televisión y 238 hornos de microondas que se encontraban instalados en los dormitorios de los privados de libertad.
🇨🇷‼️ | En una medida descomunal, Laura Fernández dejó a los prisioneros sin acceso a la energía eléctrica en las celdas: “¿Para qué quieren un tomacorriente? Quítenles todos, basta de microondas, televisores, quítenle todos los tomacorrientes en las celdas, no tiene sentido.… pic.twitter.com/90nBb8yU0O
— UHN Plus (@UHN_Plus) August 1, 2026
Durante la conferencia de prensa semanal, la mandataria solicitó el balance del operativo nacional ejecutado para retirar los artefactos eléctricos, medida que formaba parte de los compromisos asumidos al inicio de su gestión. Tras ratificar que la población reclusa ya no cuenta con dispositivos que justifiquen el acceso directo a la red eléctrica, la jefa de Estado fue firme en su disposición de clausurar las conexiones para evitar el mal uso de la infraestructura y el resguardo de objetos ilícitos.
La orden presidencial representa un giro en las políticas de seguridad penitenciaria del país centroamericano, orientadas a erradicar privilegios históricos que desvirtuaban el cumplimiento efectivo de las condenas. A criterio del Ejecutivo, los centros penales deben priorizar el rigor, la seguridad institucional y los verdaderos procesos de reinserción social, dejando de lado concesiones que ponían en riesgo el control sobre la población penal.
"¿Para qué tenemos tomacorrientes? Por favor, quítele también los tomacorrientes de las celdas. No hay sentido de tener tomacorrientes si no tienen que conectar absolutamente ningún artefacto eléctrico ni generar riesgos de manipulación", manifestó Fernández.
La aplicación práctica de la medida quedará a cargo de la Dirección General de Adaptación Social y de la Policía Penitenciaria, organismos que deberán coordinar las labores operativas para la remoción física de las conexiones en los distintos pabellones. Con esta acción, el Gobierno busca sellar de manera definitiva cualquier posibilidad de que vuelvan a ingresar aparatos no autorizados o que el cableado sea manipulado para fines clandestinos dentro de los recintos.
(Con información de Infobae)
