El presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, renunció tras solicitud directa por el presidente Santiago Peña, en medio de la intervención y resolución judicial del banco digital Ueno Bank por presuntas irregularidades operativas y prestamistas vinculados.
La decisión ejecutiva se produjo de manera simultánea a las órdenes de aprehensión emitidas por la Fiscalía General de la República contra ocho personas asociadas a la conducción de la entidad financiera. La crisis de Ueno Bank (que cuenta con cerca de tres millones de clientes y administra aproximadamente 850 millones de dólares en recursos públicos y fondos del Instituto de Previsión Social (IPS)) generó fuertes protestas de ahorristas y pensionados a las puertas de las sedes bancarias clausuradas en Asunción y zonas periféricas como Ñemby, exigiendo la devolución inmediata de sus depósitos.
Frente a la turbulencia en los mercados internacionales, el presidente Santiago Peña anunció un acuerdo de urgencia con el Congreso para aprobar una ley que active el Fondo Nacional de Garantía. El objetivo central de la legislación es proteger los ahorros de los ciudadanos y asegurar la restitución integral del capital público comprometido, reafirmando que los responsables del menoscabo "deberán responder ante la Justicia sin excepciones ni privilegios".
Exigencia de fiscalización, transparencia y preservación del crédito público
Carvallo, quien ocupó la presidencia de la entidad digital hasta agosto de 2023 antes de asumir la conducción del instituto emisor, argumentó que su dimisión busca preservar la independencia técnica de la Superintendencia de Bancos durante las auditorías de activos y evitar que las disputas mediáticas entorpezcan el proceso de resolución.
Analistas económicos advierten que el rápido deterioro de Ueno Bank (originado por presuntos préstamos cruzados excesivos hacia empresas del Grupo Vázquez) subraya la importancia crítica de mantener esquemas de supervisión bancaria estrictos, independientes y alejados del poder político, garantizando que el crecimiento de las tecnologías financieras (fintech) no comprometa la solvencia del sistema ni el patrimonio de la nación.
(Con información de Reuters)
