El presidente de Paraguay, Santiago Peña, emitió un mensaje a la nación para anunciar medidas de emergencia tras el colapso y disolución del Ueno Bank. El mandatario confirmó el envío al Congreso de la propuesta para designar a Raúl Vera Bogado como nuevo presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), junto a dos nuevos directores, buscando restaurar la confianza en el sistema financiero.
Asimismo, el Poder Ejecutivo impulsa un proyecto de ley de carácter urgente acordado con el Congreso nacional para devolver los fondos a los ahorristas. La normativa proyectada busca cubrir al 98 % de los clientes afectados, habilitando los primeros desembolsos a partir de esta misma semana para amortiguar el impacto social provocado por la crisis bancaria.
Detención de ejecutivos y causa por delitos económicos
De forma paralela a los anuncios del Ejecutivo, la Policía Nacional y la Fiscalía ejecutaron las órdenes de captura contra ocho altos directivos del Ueno Bank. Entre los aprehendidos figuran el CEO de la entidad, Miguel Vázquez, y el presidente del directorio, Juan Manuel Gustale, en el marco de un operativo judicial coordinado por las autoridades penitenciarias y policiales.
La investigación, liderada por la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), indaga presuntos delitos de lesión de confianza, estafa y conducta indebida en situaciones de crisis. El expediente fiscal reúne miles de fojas para determinar la responsabilidad penal en la maniobra que redujo la solvencia de la firma por debajo de los umbrales legales.
Fondos previsionales afectados y presión de la oposición
La disolución de la entidad financiera dejó congelados recursos estratégicos del Estado, incluyendo aproximadamente 380 millones de dólares pertenecientes al Instituto de Previsión Social (IPS). Esta afectación directa sobre los fondos de unos 32.000 jubilados, sumada al compromiso de activos de la ANDE e Itaipú, motivó fuertes reclamos por parte de sectores sociales y gremiales.
A pesar de los anuncios oficiales, bloques de la oposición en la Cámara de Diputados y el Senado comenzaron a redactar un borrador para promover un juicio político contra el presidente. Los legisladores opositores cuestionan la tardía intervención del ente regulador y exigen responsabilidades políticas de alto nivel por la falta de supervisión sobre el sistema bancario.
(Con información de EFE)
