El presidente de Paraguay, Santiago Peña, solicitó este martes la dimisión inmediata del titular del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, en respuesta a la profunda crisis institucional y financiera desatada por el colapso de Ueno Bank. La determinación del Ejecutivo se produjo horas después de que el organismo emisor ordenara la resolución de la entidad al constatar la caída de su solvencia por debajo del 50 % del mínimo legal.
A través de un pronunciamiento oficial, Santiago Peña anunció que acordó con el Congreso la tramitación urgente de un proyecto de ley que autorice el uso del Fondo de Garantía de Depósitos. El objetivo prioritario de la iniciativa legislativa es iniciar el desembolso inmediato a miles de clientes perjudicados, asegurando que los responsables del deterioro patrimonial responderán ante la Justicia ordinaria.
Compromiso previsional y afectación del sistema comercial
El cierre definitivo de las operaciones de Ueno Bank paralizó sus servicios digitales y tarjetas, dejando sin acceso a sus recursos a más de 2.9 millones de clientes en todo el país. La crisis compromete además una porción sustancial de los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS), el cual mantenía depósitos por aproximadamente 355 millones de dólares destinados al pago de jubilaciones.
Gremios de la industria y el comercio advirtieron sobre una seria desaceleración en las transacciones electrónicas del mercado minorista, dada la elevada cuota de mercado que manejaba la entidad. Ante el descontento social generado en Asunción y ciudades del interior, el Ejecutivo instó a la banca central a agilizar los cronogramas técnicos para la restitución del capital afectado.
Garantías estatales y resguardo de la estabilidad financiera
El Gobierno nacional ratificó que el colapso responde a una situación particular de la firma privada y no a un riesgo sistémico del sector bancario. Las autoridades económicas trabajan junto a las cámaras legislativas para garantizar el rescate de los fondos públicos colocados en la institución, priorizando la estabilidad de las cajas previsionales.
La intervención estatal busca restablecer con rapidez la confianza de los consumidores y proteger el flujo transaccional de las empresas locales. Con la salida de la cúpula del organismo regulador, el mandatario busca asegurar una transición transparente que garantice la máxima responsabilidad penal y administrativa de los ejecutivos involucrados.
(Con información de EFE)
