Ecuador Deporta a Más de 800 Presos Colombianos, Desatando Tensiones Diplomáticas con Bogotá

Ecuador deportó a más de 800 presos colombianos a través del puente fronterizo de Rumichaca, en la provincia de Carchi, en un operativo iniciado el viernes 25 de julio de 2025 que ha generado una fuerte disputa diplomática con Colombia. La medida, liderada por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, busca aliviar el hacinamiento en las cárceles del país, pero fue calificada por el gobierno de Gustavo Petro como un “gesto inamistoso” y una violación del derecho internacional por realizarse sin un protocolo bilateral acordado previamente.

La Cancillería colombiana emitió una nota de protesta el viernes, denunciando que la deportación de aproximadamente 870 presos, equivalente al 60% de los reclusos colombianos en cárceles ecuatorianas, se llevó a cabo de manera unilateral. “El gobierno de Ecuador desatendió nuestras reiteradas solicitudes de establecer un protocolo que garantice condiciones dignas y seguras”, afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores en X, liderado por la canciller (e) Rosa Yolanda Villavicencio, quien se desplazó a Rumichaca para gestionar la crisis. Colombia reportó que, de los deportados, al menos 450 ya cruzaron la frontera, pero muchos podrían quedar en libertad al no tener causas pendientes en el país, lo que genera preocupaciones de seguridad.

La gobernadora de Carchi, Diana Pozo, supervisó el traslado, que involucró a reclusos de provincias como Chimborazo, Napo y Carchi, custodiados por decenas de policías y militares ecuatorianos. Los presos, vestidos con uniformes naranjas, fueron trasladados en buses bajo estrictas medidas de seguridad. Pozo aseguró que se coordinó con migración de ambos países para evitar un colapso en el puente, aunque autoridades colombianas, como el secretario de Gobierno de Ipiales, Juan Morales, denunciaron la falta de notificación previa, lo que dejó a Colombia sin un plan de contingencia.

Ecuador, por su parte, defendió la legalidad de la operación, afirmando que notificó a Colombia desde el 8 de julio y que cada caso fue revisado individualmente, rechazando acusaciones de deportación colectiva. “Cumplimos con el marco normativo y los derechos humanos”, señaló la Cancillería ecuatoriana. La medida se enmarca en la política de Noboa, anunciada en 2024, para repatriar a unos 1,500 presos extranjeros —de un total de 3,300— y reducir la sobrepoblación carcelaria, que alcanza el 30% con 35,000 reclusos frente a una capacidad de 27,000.

Entre los deportados hay condenados por narcotráfico, terrorismo, homicidio y otros delitos graves, muchos sin cumplir la mitad de sus sentencias. La ley ecuatoriana, reformada en junio de 2025, permite suspender penas a cambio de deportación, con una prohibición de reingreso por 40 años bajo amenaza de reactivar condenas. Reclusos como Juan David Cardona, condenado a diez años por narcotráfico pero deportado tras dos, expresaron alivio por regresar a su país.

El operativo, que podría extenderse varios días, ha tensado las relaciones entre Quito y Bogotá. Petro, crítico de la medida, insiste en un protocolo conjunto, mientras Noboa prioriza la seguridad interna tras declarar un “conflicto armado interno” en 2024 contra bandas criminales. La falta de coordinación podría fortalecer redes delictivas en la frontera, según analistas.

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Fuentes: Infobae, teleSUR, Yahoo Noticias, SWI swissinfo.ch, RFI, La República, AP News, Chicago Tribune, El Universo, Publimetro México, LaPatilla, LA FM, Primicias