El secretario de Estado, Marco Rubio, informó sobre la imposición de restricciones de visa a 75 personas vinculadas al Cártel de Sinaloa, afectando a familiares y asociados cercanos, con el fin de bloquear el ingreso de quienes sostienen la logística de esta amenaza para la seguridad nacional estadounidense y regional.
Las sanciones operan bajo la Orden Ejecutiva 14059, permitiendo al gobierno denegar la entrada y bloquear bienes financieros de involucrados en el tráfico de drogas, medida que Rubio calificó como fundamental para proteger a los ciudadanos de los peligrosos narco-terroristas y sus sustancias mortales.
La administración de Donald Trump sostiene que estas restricciones golpean el entorno íntimo de los líderes criminales, dificultando su capacidad de operar y blanquear capitales, mientras el Departamento de Estado mantiene vigilancia sobre las redes que facilitan el tráfico de fentanilo en la región sur.
Aunque fundadores como "El Mayo" Zambada y "El Chapo" Guzmán están en prisiones de alta seguridad, el cártel mantiene estructuras de apoyo activas, lo que obliga a Washington a endurecer la persecución contra las redes de colaboración tras la fragmentación de la facción criminal sinaloense.
El escenario judicial es complejo, con Zambada esperando sentencia y Guzmán cumpliendo cadena perpetua, mientras "Los Chapitos" permanecen bajo custodia enfrentando procesos que incluyen acuerdos de colaboración, aunque las autoridades aseguran que no habrá beneficios excesivos o desproporcionados para los implicados.
Estas sanciones contrastan con el ingreso previo de 17 familiares de "Los Chapitos" el año pasado, entre ellos Griselda López, madre de Ovidio Guzmán, quien entró al país por San Ysidro tras abandonar Culiacán bajo esquemas de negociación que ahora parecen ser eliminados por completo.
Autoridades mexicanas detallaron que dichos traslados vinculaban a Ovidio Guzmán con la justicia norteamericana para obtener beneficios, solicitando residencias permanentes para su círculo, situación que ahora choca frontalmente con la nueva política de restricción de visas impulsada por el secretario de Estado.
La ofensiva pretende cerrar brechas que permitan a allegados al narcotráfico gozar de privilegios mientras la organización trafica veneno, insistiendo el funcionario en que la prioridad es hacer la nación más fuerte eliminando la influencia de los operadores de Sinaloa en el sistema federal.
El anuncio envía un mensaje de "tolerancia cero" por parte de la administración actual respecto al vínculo con el terrorismo de las drogas, buscando asfixiar el entorno social del cártel y demostrando que la relación con estas redes conlleva consecuencias legales y migratorias inmediatas.
