El Poder Judicial de Perú dispuso enviar a juicio oral al candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez Palomino. La resolución fue dictada por el magistrado Adolfo Farfán durante una audiencia virtual en la que se determinó que existen suficientes elementos de convicción para procesar al aspirante izquierdista.
“Díctese auto de enjuiciamiento, en consecuencia declárase haber mérito para pasar a juicio oral contra Roberto Sánchez Palomino”, leyó el juez, desestimando de plano los intentos de la defensa por archivar la causa y limpiar la imagen del candidato en vísperas del balotaje.
La decisión del tribunal validó por completo el requerimiento de la fiscal anticorrupción Gladys Huete Gutiérrez, quien ratificó de manera íntegra el pedido de 5 años y 4 meses de prisión efectiva para Sánchez Palomino. Al líder de Juntos por el Perú se le imputan los presuntos delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falseamiento de la información sobre aportaciones, ingresos y gastos, en abierto agravio de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Además de la pena de cárcel, el Ministerio Público ha solicitado formalmente la inhabilitación del acusado para ejercer cualquier cargo directivo dentro de su organización política.
De acuerdo con la tesis que la Fiscalía sostendrá en el juicio oral, las investigaciones detectaron un sistemático ocultamiento de información en los reportes financieros que el partido Juntos por el Perú remitió ante la Gerencia de Supervisión Partidaria de la ONPE entre los años 2018 y 2021. La acusación sostiene que Sánchez, valiéndose de su condición de apoderado y representante legal de la agrupación, alteró de forma deliberada las rendiciones de cuentas de los ingresos de las campañas de 2018, 2019 y 2020.
El expediente fiscal detalla que el candidato de izquierda habría recibido y escondido una cifra superior a los 57.000 dólares provenientes de aportes de integrantes de su propio partido. El entramado para eludir la fiscalización consistía en desviar estos fondos hacia cuentas bancarias de carácter personal y de terceras personas. Posteriormente, al presentar los balances oficiales ante el organismo regulador, la dirigencia partidaria consignaba montos en "cero" o declaraba cifras ínfimas que no correspondían con el flujo real de dinero recibido.
A las solicitudes de prisión efectiva formuladas por la Fiscalía se sumó el pronunciamiento de la Procuraduría Pública Adjunta de la ONPE, representada por el abogado Juan Revilla. El defensor del Estado solicitó que Sánchez y sus coacusados paguen una reparación civil solidaria de S/ 28.700, acusándolos de haber montado un "engaño sistemático" mediante la utilización de cuentas paralelas para camuflar los ingresos partidarios y deslegitimar el sistema de control electoral.
“Esta es una conducta eminentemente dolosa, como ya se demostrará en juicio oral, toda vez que la utilización de cuentas personales y de otras personas ha sido el detonante para ocultar estos fondos a la ONPE”, recalcó el procurador Revilla durante la sesión judicial.
Por la vulneración al principio de veracidad administrativa, la ONPE exige un desembolso directo de S/ 8.700 a cargo de Roberto Sánchez y S/ 7.000 para cada uno de sus tres coimputados. Por el contrario, el magistrado ordenó el archivo definitivo de los cargos contra el implicado Raúl del Castillo debido a que la acción penal prescribió a inicios de 2025.
La audiencia del control de acusación estuvo marcada por un tenso debate técnico respecto a los plazos procesales. La fiscal Huete Gutiérrez argumentó inicialmente que el caso debía pasar de forma directa a la etapa de juicio oral sin necesidad de realizar un nuevo filtro judicial, aduciendo que ya existía un auto de enjuiciamiento dictado en agosto de 2024 que se había retrasado por adecuaciones dictadas por una Sala Superior.
Sin embargo, el juez Adolfo Farfán rechazó la postura del Ministerio Público y defendió la necesidad de efectuar un riguroso control formal y sustancial de la nueva acusación debidamente saneada, recordando que las defensas fiscales previas no habían apelado la renovación de esta fase. Al término de la jornada, el abogado defensor de Sánchez, García Asenjo, protagonizó un altercado con el magistrado al cuestionar la celeridad del juzgado para emitir el dictamen, una queja que el juez desestimó de inmediato aclarando que los tiempos respondían estrictamente a la redistribución de la causa tras la desactivación del 17º Juzgado.
Pese a la contundencia del auto de enjuiciamiento que sitúa al candidato a las puertas de la cárcel, la resolución judicial no impedirá la participación de Roberto Sánchez en la jornada electoral de este domingo. El equipo legal de Juntos por el Perú ya anunció que interpondrá un recurso de apelación dentro del plazo de una semana establecido por la normativa peruana, lo que suspende de forma provisional la ejecución de la medida hasta que una instancia superior ratifique el fallo.
Bajo esta pesada sombra judicial, el líder izquierdista se medirá en el balotaje definitivo contra la candidata de derecha, Keiko Fujimori. La polarizada contienda electoral de este domingo definirá algo más que la jefatura del Estado: si Sánchez pierde los comicios, deberá afrontar el juicio oral desprovisto de privilegios; si gana la presidencia de Perú, se acogería de forma inmediata a la inmunidad total que le otorga la Constitución, congelando temporalmente su proceso penal y evadiendo la acción de los tribunales anticorrupción mientras dure su mandato.
(Con información de agencias Deutsche Welle y El Comercio Perú)
