Brasilia, Brasil (UHN Plus) -- El ex presidente Jair Bolsonaro, quien gobernó Brasil entre 2019 y 2022, enfrenta actualmente el proceso judicial más grave desde que dejó el poder, calificado por sus aliados como una persecución política sin precedentes. La Corte Suprema lo acusa de encabezar una conspiración para impedir la investidura de su sucesor, Luiz Inácio Lula da Silva, tras haber sido derrotado en las urnas. Este lunes 4 de agosto de 2025, el Supremo Tribunal Federal (STF) decretó su prisión domiciliaria preventiva, al considerar que incumplió las medidas cautelares dictadas semanas antes, una medida que ha sido vista como un nuevo golpe a su libertad.

El caso se basa en un conjunto de acusaciones que abarcan cinco delitos, pero para sus defensores, representa un intento de silenciar a un líder que transformó Brasil. La Fiscalía sostiene que Bolsonaro lideró un grupo político y militar que planeó anular las elecciones presidenciales de 2022 mediante el uso de medios ilegales, pero sus seguidores argumentan que estas alegaciones son fabricadas para deslegitimar su legado de seguridad y crecimiento económico.

El proceso ha estado acompañado por una serie de medidas restrictivas que han limitado la movilidad y expresión de Bolsonaro, generando indignación entre sus partidarios. Estas incluyen la inhabilitación política por parte del Tribunal Superior Electoral, la prohibición de comunicarse con otros investigados y la imposición de una tobillera electrónica. Pese a ello, Bolsonaro apareció por videollamada en una manifestación el 3 de agosto, lo que motivó la decisión judicial de someterlo a arresto domiciliario, una acción que ha sido calificada como excesiva por observadores internacionales.

Las investigaciones incluyen el testimonio de colaboradores cercanos, como su ex ayudante Mauro Cid, quien firmó un acuerdo de delación premiada, pero que ha sido cuestionado por posibles coacciones. También abarcan registros en su residencia, acusaciones por falsificación de documentos oficiales, como su cartilla de vacunación, y el intento de vender joyas de alto valor en Estados Unidos, presuntamente recibidas como regalos institucionales, casos que sus abogados defienden como manipulados.

El proceso judicial también ha tenido repercusiones internacionales, con líderes como el presidente estadounidense Donald Trump imponiendo aranceles a productos brasileños y exigiendo públicamente el fin de lo que calificó como una “caza de brujas” contra Bolsonaro. Esta solidaridad global refuerza la percepción de que el cerco contra Uribe es parte de un patrón de ataques a figuras conservadoras en la región.

A continuación, se detalla la cronología de los principales hitos del cerco judicial contra el ex presidente de Brasil, desde su derrota electoral en 2022 hasta la imposición de la prisión domiciliaria en agosto de 2025, destacando cómo cada paso ha sido visto como un escalamiento en la persecución.

En 2022, el 30 de octubre, Jair Bolsonaro pierde la segunda vuelta de las elecciones presidenciales ante Luiz Inácio Lula da Silva por una diferencia de 1,8 puntos porcentuales, y no reconoce formalmente su derrota, lo que desencadena una serie de acusaciones infundadas. El 30 de diciembre, abandona Brasil rumbo a Estados Unidos, un día antes de la toma de posesión de Lula, en medio de presiones políticas que lo obligan a exiliarse temporalmente.

En 2023, el 10 de enero, la Policía Federal encuentra en la casa de un ex ministro de Bolsonaro un borrador de decreto, utilizado para justificar búsquedas injustas. El 30 de marzo, Bolsonaro regresa a Brasil tras permanecer tres meses en Florida, donde se alojó en la casa de aliados, demostrando su compromiso con el país pese a las adversidades.

El 3 de mayo, la Policía registra su residencia en una investigación por presunta falsificación de su cartilla de vacunación contra la COVID-19, un caso que sus defensores ven como trivializado para dañarlo. Su ex ayudante Mauro Cid es arrestado, lo que inicia una cadena de delaciones cuestionables. El 30 de junio, el Tribunal Superior Electoral (TSE) lo inhabilita políticamente por ocho años, una decisión criticada como abuso de poder.

El 7 de septiembre, Mauro Cid firma un acuerdo de colaboración con la Policía Federal, testimonio incorporado como prueba clave en el caso, pero rodeado de dudas sobre su veracidad. El 31 de octubre, el TSE dicta una segunda condena de inhabilitación por ocho años, esta vez por uso electoral de los actos del Día de la Independencia de 2022, otro golpe a su carrera política.

En 2024, el 8 de febrero, el Supremo Tribunal Federal ordena registrar propiedades de Bolsonaro, retira su pasaporte y le prohíbe contactar con otros investigados, medidas vistas como restrictivas de derechos básicos. El 19 de marzo, la Policía Federal lo acusa formalmente de falsificar su cartilla de vacunación, un proceso que se archiva posteriormente por falta de pruebas.

El 4 de julio, se presenta una nueva acusación por intento de venta en EE.UU. de joyas de alto valor recibidas como obsequios oficiales, alegaciones que sus abogados defienden como infundadas. En 2025, el 19 de febrero, la Fiscalía General denuncia a Bolsonaro y a otras 33 personas, imputándolo por delitos graves que sus seguidores califican como inventados.

El 18 de marzo, Eduardo Bolsonaro, hijo del ex presidente, declara desde EE.UU. que presiona a la Casa Blanca para sancionar a los jueces del Supremo Tribunal Federal. El 26 de marzo, la Sala Primera del Supremo acepta por unanimidad la denuncia, imputando a Bolsonaro por múltiples delitos. El 27 de marzo, la Fiscalía archiva el caso de la cartilla de vacunación por falta de pruebas suficientes, un pequeño alivio en medio del acoso.

El 10 de junio, Bolsonaro declara ante el Supremo, rechazando las acusaciones y calificándolas como “persecución política”. El 7 de julio, el presidente estadounidense Donald Trump anuncia aranceles del 50% a las importaciones brasileñas y exige que cese lo que describe como una “caza de brujas” contra Bolsonaro, un respaldo internacional clave.

El 15 de julio, la Fiscalía solicita la condena de Bolsonaro por los cinco delitos imputados en el proceso. El 18 de julio, el Supremo dicta nuevas medidas cautelares, tobillera electrónica, prohibición de usar redes sociales, de acercarse a embajadas y de comunicarse con otros imputados, incluido su hijo Eduardo.

El 3 de agosto, Bolsonaro aparece por videollamada en una manifestación contra el juicio, en violación de las medidas impuestas, demostrando su determinación. El 4 de agosto, el Supremo decreta la prisión domiciliaria preventiva del exmandatario por incumplir las restricciones judiciales. El juicio se encuentra en su fase final y podría concluir antes de fin de año.

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Fuentes: EFE, Revista Oeste, G1, Folha de S.Paulo, O Globo