En una sesión decisiva para el fortalecimiento del orden público, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó este martes, con 87 votos a favor, una ley que incrementa severamente las sanciones contra quienes utilicen de manera fraudulenta uniformes, insignias y distintivos de las instituciones de seguridad. El proyecto, que será enviado al Presidente Daniel Noboa para su sanción definitiva, surge como respuesta a la creciente modalidad de grupos criminales que simulan operativos oficiales para perpetrar secuestros, robos y extorsiones.
La nueva normativa reforma el Código Orgánico Integral Penal (COIP) para tipificar delitos específicos relacionados con la simulación de autoridad, buscando que el uso de prendas institucionales deje de ser un elemento accesorio y conlleve consecuencias penales autónomas y rigurosas.
La legislación establece penas de cárcel para aquellos que realicen controles, patrullajes o allanamientos sin contar con facultades legales, agravando la condena cuando se empleen elementos de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas. Además, el texto aprobado extiende la protección a los distintivos de entidades de socorro y organismos de emergencia, con el fin de evitar que cualquier símbolo de auxilio sea utilizado para inducir al error a la ciudadanía.
Un aspecto fundamental de la ley es la persecución de la cadena de suministro de este material, imponiendo sanciones a quienes fabriquen, comercialicen o distribuyan uniformes e insignias sin la autorización expresa de las instituciones correspondientes, atacando así el mercado negro que abastece a las mafias.
Durante el debate parlamentario, los legisladores subrayaron que las organizaciones delictivas han perfeccionado el uso de credenciales falsas y vehículos adaptados para aparentar ser funcionarios públicos, logrando reducir la resistencia de las víctimas mediante el engaño. Esta práctica no solo facilita la comisión de delitos graves, sino que socava la confianza de la población en las legítimas fuerzas del orden.
La ley aprobada también contempla la obligatoriedad de implementar campañas informativas nacionales para que los ciudadanos aprendan a identificar correctamente los uniformes y elementos de seguridad vigentes. Con esta herramienta, el Estado busca dotar a la población de mecanismos preventivos que les permitan reconocer posibles intentos de suplantación y denunciar de forma inmediata cualquier irregularidad en los procedimientos de calle.
Con la entrada en vigencia de esta normativa en junio de 2026, el gobierno de Daniel Noboa suma un nuevo recurso legal para neutralizar las tácticas operativas del crimen organizado. La determinación de la Asamblea Nacional refleja un consenso mayoritario sobre la necesidad de blindar la imagen y los implementos de las fuerzas de seguridad frente a la infiltración delictiva. A medida que el Ejecutivo analice las posibles objeciones al texto, la expectativa de la sociedad ecuatoriana se centra en que este endurecimiento de las penas actúe como un disuasivo eficaz contra el terrorismo urbano y el uso criminal de la fe pública institucional.
(Con información de Infobae)
