El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) dio un paso drástico en su estrategia de control fronterizo al ordenar a los fiscales de la Oficina del Asesor Jurídico Principal del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) que lleven a juicio y procesen de forma prioritaria los casos de fraude administrativo.
De acuerdo con un memorando confidencial fechado este martes el asesor jurídico general del DHS, James Percival, instruyó la creación e implementación inmediata de nuevas políticas punitivas orientadas a que los abogados de inmigración que presenten solicitudes de asilo falsas en las cortes federales tengan que enfrentar la ley.
La directiva interna no establece nuevos castigos penales dentro del ordenamiento jurídico federal, pero modifica los criterios de operación al exigir a las brigadas legales de ICE que utilicen con mayor regularidad y severidad las herramientas administrativas vigentes en el estatuto de control de documentos.
La medida expande el radio de acción del Ejecutivo de Washington, redirigiendo la presión punitiva de las agencias de control no solo hacia los inmigrantes indocumentados que introducen peticiones alteradas, sino de manera directa hacia las firmas legales y los defensores pro bono de corporaciones corporativas que los representan ante los tribunales de deportación.
"Durante muchos años, millones de extranjeros indocumentados han cometido fraude contra nuestro sistema de inmigración y en ningún lugar esto es más rampante que en los propios tribunales de inmigración. El bar de abogados de inmigración y las poderosas prácticas de asistencia legal gratuita de las grandes firmas de abogados (Big Law) frecuentemente preparan y entrenan a sus clientes para ocultar sus pasados o mentir descaradamente sobre sus circunstancias reales cuando afirman sus reclamaciones de asilo político", argumentó James Percival citando directrices de la Casa Blanca.
El documento invoca de forma explícita las órdenes ejecutivas suscritas por el presidente Donald Trump en los meses recientes, destacando el decreto de enero de 2026 titulado "Protegiendo al Pueblo Americano contra la Invasión", el cual otorga potestades amplias para resguardar la soberanía del sistema judicial frente a maniobras engañosas.
Bajo el estatuto civil invocado, el Gobierno de los Estados Unidos iniciará los procesos punitivos mediante una "notificación de intención de multa". Las penalizaciones económicas por cada documento adulterado o declaración fraudulenta pueden ascender hasta los 4.730 dólares en una primera ofensa, llegando a un límite de 11.823 dólares por cada falta subsecuente, además de la suspensión o inhabilitación permanente para ejercer el derecho ante las cortes migratorias.
La administración defendió el endurecimiento institucional recordando precedentes de persecución a mafias legales organizadas. Entre ellos, los dictámenes de la fiscalía de Nueva York de 2023 que lograron declaraciones de culpabilidad de abogados que falsificaban declaraciones juradas, la condena de 20 años de prisión impuesta en 2021 a un ciudadano de Florida que operaba una red de asesoría ilegal, y los cinco años de reclusión dictados en 2019 contra una abogada en Queens.
Percival criticó que históricamente ICE dependía exclusivamente de la disciplina de los jueces de inmigración o de la vía criminal convencional para frenar estos abusos, justificando la necesidad de activar las prerrogativas administrativas propias de la agencia para acelerar el ritmo de las expulsiones del país.
(Con información de CBS News, AOL y el Departamento de Seguridad de Estados Unidos)
