El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso este viernes 1 de mayo sanciones contra tres casas de cambio iraníes y una red de más de una docena de empresas fachada. La medida, ejecutada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), busca desmantelar los sistemas que permiten a Irán blanquear ingresos ilícitos del petróleo para sustentar su maquinaria de guerra y a sus aliados regionales. Según las autoridades, estas redes son vitales para convertir yuanes chinos en dólares y euros utilizables por el régimen.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, calificó a Irán como "la cabeza de la serpiente del terrorismo global" y afirmó que estas designaciones atacan directamente las arterias financieras del ejército iraní. Bajo el liderazgo del presidente Trump y la operación "Furia Económica", el Tesoro busca cortar de raíz la capacidad del régimen para generar y repatriar fondos. Esta acción se suma a las más de 1.000 designaciones relacionadas con Irán emitidas desde el decreto de seguridad nacional de febrero de 2025.
“Atacaremos sin descanso la capacidad del régimen para generar, mover y repatriar fondos”, declaró el secretario Scott Bessent.
Las casas de cambio investigadas son Opal Exchange, Radin Exchange y Arz Iran Exchange (también conocida como Tahayyori Guarantee Society). Estas entidades, junto con sus propietarios, presuntamente orquestan sofisticadas redes de empresas fachada que gestionan decenas de miles de millones de dólares en comercio anual para entidades sancionadas, incluyendo el Banco Central de Irán y la Compañía Nacional Iraní de Petróleo. Los ciudadanos iraníes Pedram Pirouzan, Hossein Mohammad Rezaei, Masoud Mohammad Rezaei, Nasser Ghasemi Rad y Ehsan Tahayyori también fueron bloqueados personalmente por el Tesoro.
Para eludir el escrutinio, estos operadores utilizaban ciudadanías de países como Dominica o San Cristóbal y Nieves para enmascarar sus vínculos con Irán. Esta táctica les permitía abrir cuentas bancarias en el extranjero y transferir dinero para importadores, exportadores y entidades vinculadas a la Guardia Revolucionaria. Las medidas adoptadas este viernes afectan específicamente a 15 empresas fachada repartidas por diversas jurisdicciones, las cuales han procesado cientos de millones de dólares en transacciones ilícitas.
Bajo estas sanciones, cualquier activo que las personas o empresas designadas posean en Estados Unidos queda congelado de inmediato, y se prohíbe a los estadounidenses realizar cualquier negocio con ellas. Además, las partes extranjeras que faciliten estas actividades se arriesgan a sufrir sanciones secundarias. Las autoridades recalcaron que las infracciones pueden acarrear severas penas civiles y penales, y recordaron que los denunciantes pueden optar a recompensas lucrativas a través de los programas de incentivos de FinCEN.
Fuentes: New York Post, Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
