El Gobierno español iniciará este lunes 1 de junio el desmantelamiento de su plan anticrisis. Escudándose en una supuesta estabilización de los precios mayoristas durante el mes de abril, el Ejecutivo ha optado por suspender las bonificaciones fiscales vigentes para los suministros básicos. Con esta medida, el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) aplicado a la electricidad, el gas natural, las briquetas, los pellets y la leña sufrirá un incremento al regresar al tipo general del 21%, dejando atrás el 10% que se sostuvo durante un mes y medio.
A la par de la subida del IVA, los consumidores españoles deberán afrontar otra carga con la finalización de la reducción del impuesto especial de la electricidad. Este gravamen específico, que permanecía en un mínimo técnico del 0,5%, se multiplicará por diez a partir de este lunes hasta restablecerse en su tasa habitual del 5%.
La Moncloa ejecuta así un repliegue fiscal acelerado amparándose en la letra pequeña del decreto del pasado 20 de marzo, el cual facultaba la retirada anticipada de los subsidios en cuanto el mercado diera un mínimo respiro.
Continuidad selectiva: los carburantes mantienen el blindaje por obligación
El único sector que se mantendrá a salvo de la voracidad fiscal del Gobierno por el momento es el de los carburantes. El Ejecutivo se ha visto obligado a prorrogar las bonificaciones vigentes —un IVA reducido al 10% y tipos preferenciales en el impuesto de hidrocarburos— debido a que los datos de inflación de abril en este rubro resultaron insostenibles, situándose muy por encima del umbral del 15% fijado para su eliminación. En concreto, los combustibles líquidos registraron una alarmante subida del 51,7% y el gasóleo un 28,2%, factores que forzaron la continuidad temporal de la ayuda para evitar un colapso en el transporte y la distribución.
Por otra parte, el plan de choque mantiene operativas de forma inalterada hasta la fecha límite del 30 de junio medidas transversales como la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, los fondos de compensación para agricultores y transportistas, y los descuentos del bono social eléctrico. No obstante, el palacio de gobierno ha evitado clarificar el futuro de estos mecanismos de protección una vez venza el plazo legal, sumiendo a los sectores productivos y a las familias en un escenario de total desamparo e incertidumbre de cara a la temporada de verano.
Malestar social y exigencias ante la pérdida de poder adquisitivo
Tras una reunión de alto nivel sostenida esta semana entre representantes ministeriales y los agentes sociales, las centrales sindicales CCOO y UGT expresaron su rechazo a las políticas de desmantelamiento del Ejecutivo. Ante la evidente pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores por la escalada de precios, las organizaciones han exigido una revisión semestral del salario mínimo interprofesional (SMI), el mantenimiento de las rebajas del IVA energético y la aprobación de un cheque de 300 euros para las rentas más bajas.
Haciendo oídos sordos a la presión de los representantes sociales, las instancias oficiales de la administración española defienden de manera autocomplaciente que el programa de asistencia "está cumpliendo su objetivo".
En lugar de ofrecer soluciones estables, el Ejecutivo se ha limitado a afirmar de forma pretenciosa que España se encuentra más preparada que otros socios europeos para afrontar el verano y ha anunciado nuevas rondas de consultas en las próximas semanas con diversos sectores económicos para evaluar si el resto de las medidas del plan se prorrogarán, adaptarán o caducarán de forma definitiva.
Expertos alertan: la inflación se disparará hasta el 4% en verano
La decisión gubernamental de encarecer los servicios básicos coincide con un panorama macroeconómico alarmante. Aunque el Índice de Precios de Consumo (IPC) oficial se contuvo cosméticamente en el 3,2% en mayo, los principales servicios de estudios de la nación han corregido al alza sus estimaciones de inflación para el cierre de 2026.
La Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) lideró estas revisiones situando el IPC medio previsto en un 3,4%, lo que representa un duro incremento de ocho décimas respecto a sus proyecciones anteriores, motivado en gran parte por el fin de las ayudas estatales.
Este pesimismo respecto a la gestión económica del Gobierno es compartido unánimemente por los principales termómetros del sector empresarial del país. En el panel macroeconómico correspondiente al mes de mayo, la Cámara de Comercio de España elevó sus proyecciones de inflación al 3,2%, mientras que la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y el Instituto de Estudios Económicos (IEE) situaron sus previsiones en el 3%, incrementando medio punto las métricas que sostenían en marzo.
(Con información de El Mundo y El Diario)
