El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, instructor del denominado caso Plus Ultra, rechazó la petición de la defensa del exlíder socialista de desactivar las pesquisas en torno a un cobro bajo sospecha de 200.000 euros. Zapatero pretendía que el juzgado obligara a la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional a "devolver" y desestimar el informe que destapaba estas transferencias realizadas a través de una sociedad pantalla.
La defensa del expresidente argumentaba que los pagos recibidos a través de la firma peruana Focus Social Research no guardaban relación con el objeto inicial de la causa penal y constituían ingresos por su actividad profesional legítima de asesoría. Sin embargo, el magistrado Calama echó por tierra esta tesis en su auto de este miércoles. El instructor de la Audiencia Nacional señaló que la aparición de estos fondos sospechosos no es fruto de una fiscalización arbitraria, sino la consecuencia natural del análisis de pruebas obtenidas legalmente que han aflorado hechos nuevos dotados de una indudable "verosimilitud delictiva".
🇪🇸🇧🇴‼️ | El magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha rechazado el recurso del expresidente español, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, dando luz verde a la ampliación de la causa criminal en su contra. La justicia desestimó los intentos de su defensa por… pic.twitter.com/rP50dPPFUl
— UHN Plus (@UHN_Plus) July 15, 2026
El informe policial de la UDEF que Zapatero intentó anular por la vía judicial arroja indicios sobre el rol del político como comisionista internacional. La policía sostiene que los 200.000 euros transferidos en tres partes por el holding peruano Grupo Gloria no corresponden a ningún servicio real de asesoría, sino que se crearon contratos ad hoc para enmascarar su mediación. En concreto, el conglomerado empresarial contrató los servicios de Zapatero para que ejerciera su influencia ante altos cargos políticos en Bolivia, con el objetivo de destrabar una indemnización millonaria pendiente desde hacía 16 años tras la expropiación de la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa).
"El atestado policial recalca los indicios de la existencia de una organización criminal, liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que, aprovechando sus contactos y ascendencia pública internacional, se dedicaría al ejercicio de influencias de carácter ilícito en beneficio de distintos clientes", detalla el sumario.
Los investigadores sostienen que el exmandatario se valió de su posición para reunirse directamente con el propio presidente de Bolivia, con los ministros de Economía y Justicia, y con el Procurador General de ese país para presionar en favor de sus clientes. No se trata, además, de un hecho aislado en la causa. El auto del juez Calama detalla que estas gestiones en el altiplano andino encajan con el patrón de una segunda línea de actuación de la trama en Latinoamérica: la intermediación de Zapatero y su entorno ante el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) del régimen de Venezuela para beneficiar a la aerolínea Plus Ultra, cobrando comisiones a cambio de autorizaciones de vuelo exclusivas durante la pandemia.
La resolución del magistrado confirma que la investigación sobre el pago del Grupo Gloria avanzará con absoluta firmeza, al tiempo que se analiza si estos 200.000 euros tienen conexiones financieras directas con la matriz del caso original. Dicha línea de investigación principal rastrea el presunto desvío de los millonarios fondos del rescate público que la SEPI otorgó a Plus Ultra hacia la consultoría de marketing What The Fav, propiedad de las dos hijas de Rodríguez Zapatero, bajo la sospecha de tratarse de pagos encubiertos por favores políticos.
(Con información de El Mundo y Euronews)
