El Partido Popular (PP) ha anunciado este miércoles el impulso de una reforma de la Ley Orgánica de Extranjería con el objetivo de dar amparo legal a las devoluciones en caliente de inmigrantes que acceden de forma irregular a nado a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. La propuesta, presentada en Palma de Mallorca por la eurodiputada y vicesecretaria de Coordinación Sectorial de la formación, Alma Ezcurra, busca blindar la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado frente a la presión migratoria en la frontera sur.
La iniciativa legislativa surge como una respuesta directa al reciente fallo del Tribunal Supremo, el cual dictaminó que la legislación actual no ampara el rechazo inmediato de las personas que son interceptadas en el mar intentando alcanzar las costas autónomas a nado. Según el alto tribunal, la figura del rechazo en frontera solo es aplicable cuando la interceptación ocurre en un "elemento físico de contención" terrestre, como las vallas fronterizas, obligando en los casos marítimos a incoar un expediente formal de devolución que dilata notablemente los procesos de expulsión.
Desde el PP defienden que la reforma propuesta se limitará exclusivamente a los perímetros de Ceuta y Melilla debido a sus particularidades geográficas, descartando su aplicación en archipiélagos como Canarias o Baleares. Ezcurra puntualizó que, al producirse las llegadas a las islas mediante embarcaciones de mayor envergadura como pateras o cayucos y no de manera individual a nado, el supuesto legal de rechazo inmediato no resulta técnicamente aplicable para estas comunidades autónomas.
La portavoz de inmigración popular aprovechó el encuentro con sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil para denunciar la situación de desamparo operativo en la que se encuentran los agentes. De acuerdo con el diagnóstico de la formación, las plantillas policiales en Baleares, Canarias y las ciudades norteafricanas carecen de los medios materiales, la dotación de efectivos y el respaldo institucional necesarios por parte del Ministerio del Interior para gestionar con garantías el control de las fronteras.
El anuncio de la reforma se ha escenificado estratégicamente en las Islas Baleares, una de las regiones donde más se ha incrementado el tránsito irregular de personas procedentes de Argelia en el último año. Los populares acusan directamente al Gobierno del izquierdista Pedro Sánchez de desatender la emergencia migratoria del archipiélago (donde las cifras de llegadas se han multiplicado exponencialmente desde que el líder socialista asumió la presidencia) y de rehusar la adopción de medidas drásticas que doten de un mayor control a las costas del Mediterráneo occidental.
(Con información de El Mundo y EFE)
