La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. El tribunal lo considera responsable de un delito de prevaricación administrativa en calidad de cooperador necesario, vinculándolo directamente con las irregularidades en su contratación y posterior modificación laboral dentro de la Diputación de Badajoz, donde ejercía como Coordinador de actividades de los Conservatorios.
🇪🇸‼️| Tras un profundo análisis del caso, la Audiencia de Badajoz condenó a nueve años de inhabilitación pública a David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, por prevaricación. Con este fallo, se confirma que que esos puestos políticos fueron diseñados y adaptados para beneficiar a… pic.twitter.com/Q2Xr1cowuM
— UHN Plus (@UHN_Plus) July 14, 2026
Junto al familiar del jefe del Ejecutivo, los magistrados han impuesto una pena de 18 años de inhabilitación al expresidente de la corporación provincial y exlíder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, al atribuirle la autoría de dos delitos de prevaricación. Asimismo, la resolución judicial condena a otros nueve años de inhabilitación a Luis Carrero, un amigo personal de David Sánchez que también fue incorporado a la nómina pública como su colaborador directo, extendiendo la sanción de inhabilitación a otros ocho funcionarios de la institución provincial implicados en el proceso administrativo.
La resolución judicial que consta de 377 páginas, desglosa las actividades delictivas en tres episodios diferenciados. El primero se centra en la génesis del puesto de coordinador, una plaza que el tribunal dictamina que se diseñó de forma arbitraria y carente de interés general con el único fin de favorecer a David Sánchez, quien entonces carecía de un empleo estable; no obstante, el hermano del presidente fue absuelto de este primer cargo por haber prescrito el delito. El segundo y tercer episodio penalizan la sustancial modificación de las condiciones de su contrato de alta dirección para eliminar cláusulas de exclusividad y adaptarlo a sus "apetencias personales" con la ópera, además del posterior "enchufismo" de su amigo Carrero para asistirle en dichos proyectos musicales.

A pesar del contundente reclamo administrativo, el tribunal descartó el delito de tráfico de influencias, lo que exime a los acusados de ingresar en prisión, una pena de hasta seis años que había sido solicitada formalmente por el bloque de acusaciones liderado por el Partido Popular y Vox. Los magistrados sostuvieron que, si bien se puede conjeturar que la actuación de los responsables de la Diputación respondió a una presión externa derivada del parentesco de David Sánchez con el entonces recién reelegido secretario general del PSOE, dicha hipótesis carece del soporte fáctico y probatorio necesario en el ámbito penal para demostrar una coacción concreta.
"El nepotismo es una práctica poco ética que daña la salud democrática, fomenta la corrupción y la desigualdad de oportunidades, con merma de la eficiencia en el desempeño del empleo en las administraciones públicas. El interés general debe presidir la creación de las plazas", recoge la sentencia firmada por los magistrados.
La portavoz del Partido Popular, Ester Muñoz, urgió la dimisión inmediata del presidente Pedro Sánchez, argumentando que la creación de un cargo público "a la medida" de su hermano representa un escándalo de nepotismo intolerable. En contraste, la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, manifestó el absoluto respeto del Gobierno hacia el proceso judicial, mostrándose cínicamente con confianza en que los tribunales superiores terminen por revocar la sentencia en las siguientes instancias.
(Con información de Reuters y El Mundo)