El gobierno chileno liderado por el presidente conservador, José Antonio Kast, denunció formalmente la existencia de escandalosas irregularidades administrativas y desvíos financieros durante el Censo de Población ejecutado en 2024 bajo el mandato del izquierdista Gabriel Boric. Un lapidario informe emitido por la Contraloría General de la República desveló que el Instituto Nacional de Estadísticas contrató ilegalmente a personas con antecedentes penales y a ciudadanos extranjeros que carecían de permisos oficiales de trabajo en el territorio nacional.
Al severo descontrol en los filtros de seguridad ciudadana se suma una alarmante arista económica que mantiene bajo un intenso escrutinio institucional a la anterior administración de las fuerzas de izquierda. Las autoridades actuales confirmaron que perseguirán de forma implacable las responsabilidades políticas y penales de los antiguos cuadros ministeriales involucrados en el proceso.
El actual subsecretario del Interior, Máximo Pavez, profundizó en la gravedad del fraude institucional al revelar que existen al menos 480 millones de pesos chilenos que no fueron rendidos de forma correcta por los equipos técnicos de la izquierda. El alto funcionario de la administración de Kast expuso detalles insólitos sobre las maniobras financieras implementadas, detectando el pago fraudulento de viáticos en días no laborables para el personal.
"Lo más insólito es que el día 1° de mayo, feriado irrenunciable, hay 134 millones de pesos que se rindieron como gasto de transporte cuando nadie salió a censar ese día", fustigó Pavez durante una entrevista televisiva.
La ofensiva fiscalizadora impulsada por el bloque oficialista de derecha busca acelerar la Acusación Constitucional o juicio político en el Congreso en contra de Nicolás Grau, quien se desempeñó como ministro de Economía de Boric. El actual biministro del sector, Daniel Mas, respaldó las acciones legislativas argumentando que el diseño, la licitación y la defectuosa implementación de la medición demográfica corresponden enteramente a la responsabilidad política de la administración anterior.
Frente al cúmulo de evidencias presentadas por el Ejecutivo, los integrantes del Comité Técnico Asesor del Censo 2024 salieron en defensa de la gestión de Boric mediante una declaración pública difundida en los medios de comunicación de Santiago. El equipo conformado por Máximo Aguilera, David Bravo y Osvaldo Larrañaga, entre otros especialistas, argumentó de manera corporativa que el proceso nacional debiese ser catalogado como un rotundo éxito metodológico.
En su misiva, los firmantes intentaron minimizar el impacto de las contrataciones delictivas e irregulares señalando que los 30 casos cuestionados por el ente regulador representan menos de un 0,1% del total de los 38.000 censistas desplegados. No obstante, el comité debió admitir que cualquier anomalía económica comprobada debe ser severamente sancionada por la justicia.
La controversia en torno al manejo estadístico de la izquierda se produce en un escenario de profunda sensibilidad social respecto al control de las fronteras soberanas y el combate frontal a la inmigración ilegal. Para los sectores del oficialismo, la inclusión de ciudadanos extranjeros indocumentados en las plantillas estatales del Censo demuestra la complacencia institucional que caracterizó al gobierno de Boric frente a las olas migratorias descontroladas.
La resolución de la Acusación Constitucional contra el exministro Grau marcará las pautas del debate político en los próximos meses, consolidando la agenda de ordenamiento del gobierno conservador sobre los legados de la administración precedente. La validación de los datos demográficos obtenidos bajo sospecha de fraude también ingresará a una etapa de revisión técnica por parte de organismos estadísticos internacionales independientes.
Con la revelación de estos desfalcos financieros, la centroderecha ratifica su compromiso con la erradicación del despilfarro fiscal y el uso discrecional de los recursos pertenecientes a todos los chilenos. El esclarecimiento de las anomalías del Censo 2024 servirá como un antecedente clave para el diseño de futuros mecanismos de medición civil, garantizando que el respeto a las leyes de la república vuelva a ser el eje central de las políticas públicas.
(Con información de Infobae)
