El Gobierno del presidente Javier Milei presentará una denuncia penal ante la Cámara Federal porteña contra cinco empresas internacionales y sus directivos, acusándoles de desarrollar actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental de las Islas Malvinas sin contar con la autorización de la República Argentina.
La presentación penal, liderada por el canciller Pablo Quirno con el patrocinio del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio, apunta directamente contra Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd. Las tres primeras firmas recibieron licencias del Reino Unido para operar en la Cuenca Malvinas Norte bajo el marco del proyecto Sea Lion, el cual contempla una inversión de $1.800 millones de dólares y una producción estimada de 55.000 barriles diarios para el año 2028.
"Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que se hacen bajo nuestro mar", dijo el presidente.
La medida se fundamenta en la infracción de la Ley 26.659, ordenamiento que prohíbe las operaciones petroleras no autorizadas en el lecho marino argentino. El Ejecutivo nacional ratificó que las actuaciones no solo se limitarán a las personas jurídicas, sino que comprenderán a directores, gerentes, síndicos, administradores y mandatarios que hayan intervenido en la logística del proyecto, además de haber iniciado expedientes administrativos contra 45 personas humanas y jurídicas.
"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos. Por historia y por derecho. No hay discusión. Lo son y seguirán siendo sin importar quien las ocupe. Pero recientemente, la ocupación ha profundizado severamente su accionar, avanzando en la extracción de nuestros recursos naturales", manifestaron voceros de la Oficina del Presidente.
En respuesta al endurecimiento del marco regulatorio argentino y a la inhabilitación para operar en yacimientos clave como Vaca Muerta, grandes firmas de servicios petroleros como SLB, Baker Hughes y Halliburton hicieron público su distanciamiento operativo de cualquier licitación o soporte en el archipiélago.
El anuncio judicial fue acompañado por una instrucción directa del mandatario al ministro de Economía, Luis Caputo, para incorporar en el proyecto de Presupuesto 2027 la asignación prioritaria de fondos destinados al desarrollo de la Base Naval Integrada y otros proyectos de infraestructura de seguridad nacional, iniciativa que ingresará al Congreso el próximo 15 de septiembre.
(Con información de La Gaceta e Infobae)
